Caracas - La unicameral Asamblea Nacional de Venezuela aprobó ayer una ley que reserva para el Estado los bienes y servicios conectados a las actividades primarias de hidrocarburos, muchas de las cuales eran explotadas por empresas privadas, que podrían ser expropiadas. Hasta el momento, el Estado bolivariano controlaba las actividades de exploración y producción, lo fue ampliado con la nueva ley, cuyo trámite recibió el pasado martes la clasificación de «urgencia reglamentaria» y se aprobó en primera discusión un día después.
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El plenario de la Asamblea, de 167 miembros, la mayoría afín al Gobierno del presidente Hugo Chávez, aprobó la expropiación «total o parcial de las acciones o empresas» privadas de bienes y servicios «esenciales para la industria petrolera». Ello incluye las actividades de inyección de agua, vapor o gas en los yacimientos. También se incluyen los servicios de lanchas, gabarras, grúas, tendido de tuberías y cables, mantenimiento de buques muelles y diques.
Cuando la norma sea publicada en los próximos días en la Gaceta Oficial se identificarán las empresas que correrán esa suerte, las que luego deberán negociar las indemnizaciones respectivas, adelantó el ministro de Energía y Petróleo y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), Rafael Ramírez. La identificación de esas empresas constará en «una resolución ministerial» que pondrá en ejecución la llamada Ley Orgánica, que reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos. «Estamos renacionalizando actividades que eran propias de la Nación y que fueron privatizadas» a mediados de la década de 1990, antes de que Chávez asumiera la Presidencia, recordó Ramírez. El ministro también confirmó que más de 4.000 obreros pasarán a la nómina de una «nueva empresa» estatal que creará el Estado tras las expropiaciones.
«Es precisamente en esos sectores donde se presentaron conflictos laborales debido a que las contratistas incumplen a los trabajadores todos sus beneficios», denunció el ministro. «Cuando nosotros le pagamos a una contratista, ésta les paga a sus socios y acreedores y después, si le queda dinero, les cancela a los trabajadores», aseguró.
Ramírez también había adelantado que la nueva ley no afectará la contratación de taladros de perforación y que, además, blinda al Estado contra el arbitraje internacional, puesto que cualquier conflicto deberá ser ventilado en los tribunales nacionales.
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