Avatares

Mariano Recalde

La Justicia comenzará a analizar ayer la computadora perteneciente al presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobreprecios en la compra de 20 Embraer por parte de la línea de bandera. Así lo dispuso el juez federal Sergio Torres, a cargo de la investigación, luego de los allanamientos realizados la semana pasada en dos locales de AA. En la causa fueron imputados por el fiscal Gerardo Di Masi el ex secretario de Transporte Jaime y el ministro de Planificación Federal Julio De Vido, por la compra de los aviones por u$s 34,5 millones cada uno, con un supuesto sobreprecio del 10 por ciento, lo que fue negado por la empresa estatal.

El procurador general de la Nación, Esteban Righi envió ayer al fiscal de Cámara, Germán Moldes, una denuncia de organismos de derechos humanos contra los jueces Wagner Gustavo Mitchell (Casación) y Jorge Martínez Sobrino (Tribunal Oral N°6) por su supuesta participación en la entrega y apropiación de un bebé durante el último gobierno militar. El caso fue sorteado y quedó a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Eduardo Taiano, que deberá decidir si impulsa la acusación, luego de ser ratificada por los denunciantes.

La sala II de la Cámara de Casación resolverá mañana el recurso de queja planteado por la defensa de Marcela y Felipe Noble Herrera, en la causa en la que se investiga su supuesta apropiación. Tras una audiencia oral realizada ayer por el tribunal de alzada, en la que se escucharon los argumentos de las partes, los jueces se pronunciarán mañana sobre el planteo. El 19 de marzo pasado, la misma sala declaró que el recurso presentado tenía efecto suspensivo y, en consecuencia, paralizó provisoriamente la orden de la Justicia federal de San Martín que ordenó que el análisis de los datos genéticos de los Noble Herrera fuera realizado en el Banco de Datos Genéticos, en lugar del cuerpo médico de peritos.

La Cámara Federal en lo Criminal y Correccional confirmó la falta de mérito para los funcionarios de la AFIP Andrés Vázquez y Sergio Mancini, que habían sido denunciados por supuestas amenazas coactivas por directivos del grupo Clarín, a raíz del operativo que el organismo realizó en el diario. Ese supuesto delito fue descartado por el juez de instrucción, que decidió cambiar la acusación por la de «desvío de poder», al momento de tomarle declaración indagatoria a los imputados. Si bien confirmó la falta de mérito, el tribunal de alzada ordenó que continuara la pesquisa, ya que «todavía no se ha escuchado en la causa a todas las personas que participaron del operativo, con la finalidad de que expongan cuáles fueron las directivas concretas que recibieron de sus superiores y las funciones que cumplieron durante la fiscalización».

El secretario de la Fiscalía de Saavedra-Núñez, Hernán Tuppo fue relevado de sus funciones por orden del procurador general de la Nación, Esteban Righi, luego de que fuera sorprendido con la copias de un examen que iba a rendir para obtener un cargo como juez titular del Tribunal Oral de Paraná. Al ser descubierto el hecho en setiembre pasado, el jefe de fiscales inició un sumario, cuyo resultado fue la cesantía de las funciones de Tuppo en el Ministerio Público Fiscal. El caso tramita en la Justicia de Entre Ríos y, tanto Tuppo como Alberto Pravia (el camarista de Santiago del Estero que le habría dado las respuestas del examen) están procesados por el supuesto delito de revelación de secreto de Estado.