6 de octubre 2016 - 00:17

Avionetas oficiales, en la mira de investigación antidrogas

OTRO CAPÍTULO DEL OPERATIVO SOJA BLANCA EN EL AEROPUERTO DE SAN FERNANDO - La Justicia investiga si dos aeronaves pertenecientes a la flota de los gobiernos de Chaco y Tucumán, traficaron cocaína a España.

Investigados. La jueza federal de San Martín, Alicia Vence, procura determinar si dos avionetas que forman parte de la flota oficial de las provincias de Chaco y Tucumán, se utilizaron para traficar cocaína a España.
Investigados. La jueza federal de San Martín, Alicia Vence, procura determinar si dos avionetas que forman parte de la flota oficial de las provincias de Chaco y Tucumán, se utilizaron para traficar cocaína a España.
 Narcotráfico y política volvieron a acercarse peligrosamente cuando ayer efectivos policiales allanaron el aeropuerto de San Fernando en el marco de una causa denominada Operativo "Soja Blanca". La causa -iniciada en 2012- incluyó en marzo último el secuestro de 50 kilos de cocaína que transportaba Alejandro Damián Arrighi Carril en el baúl de su Audi A3, en el barrio porteño de Belgrano. El cargamento, colocado en Europa, costaba alrededor de 28 millones de pesos. Los investigadores sospechan que la droga era escondida en aeronaves que despegaban de San Fernando y enviada a España, tras una escala en un aeropuerto de Brasil.

Los operativos de este miércoles tuvieron por objeto la búsqueda de los planes de vuelo de esas avionetas, de las cuales al menos dos pertenecen a las gobernaciones de Tucumán y Chaco. La orden de allanamiento, librada por la jueza Alicia Vence, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, habilitó a "proceder e inspeccionar el aeropuerto, sus dependencias privadas o anexas y/o hangares, como también a toda persona que se encuentre presente allí, con el propósito de requisar las aeronaves identificadas con las matrículas LV-CKA, LV-CIO, LV-CKK, LV-CRB y LV-FUT". La primera de estas matrículas identifica a uno de los aviones oficiales del Gobierno tucumano. Por su parte, el Lear Jeat 60, matrícula LV-CIO, está afectado a la gobernación de Chaco. El ex mandatario provincial, Jorge Capitanich, lo utilizaba con frecuencia, incluso en un recordado episodio ocurrido en 2012 viajó en esta aeronave con sus hijas al Caribe. Los otros aviones pertenecen a las empresas Patagonia Jet, Alas del Fin del Mundo, Excel Servicios Aéreos (del Grupo Brito) y Sancor Seguros.

Desde la gobernación que encabeza Juan Manzur informaron que uno de los aviones oficiales de la provincia (matrícula LV-BEU) está en el aeropuerto Benjamín Matienzo. Y que el LV-CKA, el más nuevo de la flota provincial, está en Estados Unidos porque se le debe realizar un service. Sin embargo, las fuentes oficiales consultadas admitieron que en San Fernando hay una nave que pertenece al Gobierno, pero que está en desuso desde hace 8 años a la espera de un comprador. En el operativo de ayer no se produjeron detenciones, informaron fuentes de la Policía Federal. Vence requirió también información de los registros de vuelo, destinos, escalas, reparaciones, servicios y pasajeros, entre otros datos.

Los investigadores recordaban que el avión perteneciente a la empresa Alas del Fin del Mundo, matricula LV-CRB, ya había estado involucrado en otro caso judicial que tuvo como protagonista al ex vicepresidente Amado Boudou. El multiprocesado funcionario utilizó este jet para viajar en diciembre de 2011 a la ciudad de Necochea. Aquel viaje le costó caro: a raíz del hecho, fue acusado ante la Justicia de dádivas, aunque la Cámara Federal revocó el procesamiento. El propietario de la aeronave es el empresario Nazareno Natale, quien también es dueño del hotel y casino Status de Río Grande, el más importante de Tierra del Fuego.

"Soja Blanca"

El supuesto jefe de la organización se llama Daniel Orellano, un argentino dueño de un restorán de Barcelona, que fue apresado en España en abril pasado. El líder de la narcobanda utilizaba como pantalla el comercio de soja y ya fue indagado por la jueza Vence.

En el marco de esta causa, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había asegurado en marzo pasado en una conferencia de prensa que ya se encontraba detenido un empresario sojero salteño, identificado como Oscar Luis Morales, de 63 años, a quien acusaron de ser el proveedor de la droga que tenía destino europeo, luego de transitar por el Gran Buenos Aires y Brasil.

La pesquisa incluyó escuchas telefónicas y tareas de seguimiento e inteligencia y, además del empresario salteño, fue detenida una mujer llamada Ana María Altuna, acusada de ser el nexo entre el empresario sojero y el mencionado Arrighi Carril, el hombre que llevaba la cocaína en el auto de alta gama en el barrio de Belgrano.

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