Ayuda, pero no resuelve crisis

El Gobierno intentará lograr esta semana un apoyo en bloque de los gobernadores al decreto de distribución de las retenciones, como parte de la estrategia oficial para debilitar a los dirigentes rurales.
La intención es legitimar el anuncio pese a las críticas y sospechas de engaño hacia las provincias que rodearon las horas siguientes al acto del jueves pasado en Olivos.
El temor es concreto: no sólo que los distritos no recibirán el 30% de lo que se recaude sino que será apenas poco más de 15%, sino que esos fondos no podrán ser utilizados para gastos corrientes; hoy una de las necesidades más urgentes de la mayoría de las provincias.
Por eso, para alejar «fantasmas» los operadores políticos del Gobierno apuran contrarreloj los contactos con los mandatarios de las provincias aliadas para unificar una postura pública en favor de la medida.
Finalidad
Los recursos del Fondo Solidario son de afectación específica, con la finalidad de financiar obras de infraestructura (sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales), quedando expresamente prohibido su destino a financiar gastos corrientes.
«En el actual contexto de caída del crecimiento de los recursos coparticipables, el principal problema al que se enfrentan los tesoros provinciales es el pago de sueldos (y del aguinaldo), por lo que esta medida no soluciona necesariamente el frente fiscal del consolidado provincial», advirtió Rogelio Frigerio.
La lectura que hacen a esta altura los ministros de Economía de las provincias es terminante. «Puede ayudar para contrarrestar la caída del empleo en lo que es obra pública, pero no podemos contar con esos fondos para pagar salarios en medio de una escalada de reclamos gremiales que tiende a acrecentarse», dijo el titular de la cartera de Hacienda de uno de los tres distritos que integran la Región Centro.
«Hay que tener en cuenta también -agregó el ex secretario de Relaciones Fiscales con las Provincias- que en miras a mantener el superávit primario, la Nación probablemente recorte las transferencias de capital (transferencias discrecionales) que gira a las provincias (las que en 2008 ascendieron a $ 6.000 millones aproximadamente), por lo que los ingresos adicionales por la coparticipación de las retenciones a la soja, no necesariamente se reflejarían en un nivel de inversión en obras de infraestructura provincial mayor al previsto».
Por el momento, los gobernadores celebran la decisión. Casi con euforia, coinciden el santiagueño Gerardo Zamora, el sanjuanino, José Luis Gioja, el chaqueño Jorge Capitanich, el mendocino Celso Jaque, el bonaerense Daniel Scioli y el entrerriano Sergio Urribarri: «Este paso marca un antes y un después en la relación entre el Gobierno nacional y el interior».