La decisión, que coincidió con el 41º aniversario del golpe militar que derrocó el Gobierno de Salvador Allende, fue anunciada por los ministros de Justicia, José Antonio Gómez, y de la Presidencia, Ximena Rincón.
De acuerdo con lo dicho por Gómez, la iniciativa será llevada al Congreso, que deberá definir si la polémica norma se deroga o se anula.
"Lo relevante para el Gobierno es relevar lo que son proyectos importantes en materia de derechos humanos para iniciar los debates en el Parlamento", dijo.
La derogación del decreto-ley de Amnistía fue una de las principales promesas electorales de Michelle Bachelet, quien asumió en marzo como presidenta de Chile, un cargo que ya había ejercido en el período 2006-2010.
"La presidenta ha señalado claramente que va a impulsar la Subsecretaría de Derechos Humanos, que va estar en el Ministerio de Justicia y que va a tener la fortaleza suficiente para preparar un plan de derechos humanos que explique el conocimiento de estos derechos en el país", señaló Gómez.
En un breve encuentro con la prensa, el ministro de Justicia explicó que la idea es "adecuar la legislación chilena a la legislación internacional", que considera imprescriptibles esos delitos, "lo que no hace un cambio muy de fondo a lo que hacen los tribunales chilenos a la fecha", aseveró.
A raíz de la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet, en noviembre de 1998, los jueces chilenos optaron por no aplicar la amnistía, que contraviene la legislación internacional. Sin embargo, los familiares de las víctimas consideran su mera existencia como una afrenta.
Gómez indicó que, en tanto, se está preparando un "mensaje en relación con la tipificación del delito de tortura".
La derogación de esta norma, que exime de responsabilidad a quienes cometieron abusos entre 1973 y 1978, se hará aplicando suma urgencia a la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley presentado por los senadores Juan Pablo Letelier, Guido Girardi y Alejandro Navarro, con lo que podría estar lista antes de fin de mes.
El artículo 1º del cuestionado decreto señala: "Concédase amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación de estado de sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren sometidas a proceso o condenadas".
El Gobierno chileno se comprometió públicamente ante Naciones Unidas a anular del decreto-ley de Amnistía, lo que se acelerará a partir de esta edición.
La ONU había solicitado a Chile que derogara la ley de amnistía para que ningún crimen de lesa humanidad quedara impune y para que no hubiera espacio a la interpretación.
El subsecretario chileno de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, explicó ante el citado comité que si bien aún está vigente, la ley de amnistía no se aplica.
En tanto, en el marco del aniversario del golpe de 1973, Bachelet pidió ayer que quienes cuenten con información de crímenes cometidos por la dictadura militar la revelen.
"Basta ya de esperas dolorosas y silencios injustificados", dijo la presidenta socialista, consciente de que no queda mucho antes de que las víctimas y victimarios desaparezcan por su edad, afirmó.
El tiempo apremia para aquellas familias de los 3.200 muertos y 38.000 torturados que dejó la dictadura de Pinochet, y que todavía no encuentran a sus padres o hijos, ni han podido llevar ante la Justicia sus casos.
"Es fundamental que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen", reiteró este jueves la mandataria, en un emotivo acto en La Moneda en memoria del socialista Allende.
| Agencias EFE y AFP, y Ámbito Financiero |
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