Báez dijo que dinero “contado” era para comprar un campo

Lázaro Báez fue trasladado temprano desde la Superintendencia de Investigaciones Federales y aguardó en la alcaldía de Tribunales que Casanello lo convocara al cuarto piso de Comodoro Py 2002.

 Sin responder preguntas, Lázaro Báez fue indagado ayer por el juez Sebastián Casanello, quien ordenó un maratónico cronograma de declaraciones tras disponer, el martes, la detención del empresario, acusado de lavado de dinero. Su defensa presentó un escrito en el que atribuyó las sumas de dinero que se vieron en las cámaras ocultas de la financiera SGI a la compra de un campo en Tortuguitas, pero aun así el juez le dictó prisión preventiva y ordenó su traslado al complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Sus abogados, entre ellos el exjuez de Garantías de San Isidro, Rafael Sal Lari, pidieron su excarcelación, lo mismo que la del contador Daniel Pérez Gadín. Fue rechazada de inmediato. El magistrado continuará hoy con la ronda de indagatorias que culminará mañana, con lo que definirá sus procesamientos.

Nuevamente esposado por la espalda, Báez fue trasladado temprano desde la Superintendencia de Investigaciones Federales rumbo a la alcaldía de los tribunales de Comodoro Py. Allí tuvo un breve encuentro con su hijo Martín, que le facilitó ropa, y tomó contacto con sus abogados. Fue su hijo el primero en subir al despacho de Casanello, ubicado en el cuarto piso del edificio, sitiado por medidas de seguridad.

En lugar de declarar, presentó un escrito en el que cuestionó el llamado a indagatoria en base a los videos que fueron difundidos públicamente de la "cueva" SGI, donde se contaba una suma aproximada de u$s 5,1 millones. Sostuvo que ese dinero podría haber sido generado por la actividad comercial de su padre.

Báez siguió el mismo camino. Rechazó preguntas y en su escrito argumentó que esos fondos iban a ser aplicados a la compra de un campo en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. "El solo hecho de contar dinero no lava nada", indicó el empresario kirchnerista en el escrito, donde criticó su detención y que se involucrara a su hijo, que siguió, según él, sus instrucciones.

"Si el dinero está sucio así queda y si es dinero limpio también se mantiene en esa condición", sostuvo en su presentación. Quedó así expuesta cuál será la estrategia defensiva de los Báez: cuestionar la utilización como prueba válida de un video (difundido primero por televisión y cuyo origen se desconoce), y adjudicar el monto de dinero contabilizado en las imágenes a una operación inmobiliaria, lo que la justificaría dentro de su patrimonio, y no como una maniobra de lavado producto de la evasión impositiva, tal como postuló Casanello. Si lograran impugnar los videos para que no puedan ser utilizados como una prueba legítima, podrían lograr que sus indagatorias pierdan relevancia, ya que los llamados de la Justicia ocurrieron luego de que las imágenes fueran difundidas.

Aseguró Báez que en 2005 "Austral Construcciones compró a Northlands Asociación Civil de Beneficencia su campo de deportes ubicado en la calle Patricias Argentinas S/N, Parcela 1.646 en la suma de dólares estadounidenses seiscientos cincuenta mil (u$s 650.000)", según el texto presentado al juez, referido a la adquisición de un predio. "Por la venta de unidades se percibieron desde el 1/8/2008 al 27/1/2012 la suma de u$s 6.677.129", en referencia a lotes, parcelas e inmuebles de ese lugar.

Para Casanello, Báez se valió de la utilización de una usina de facturas "truchas" ubicada en Bahía Blanca (relacionada con el caso Suris) para con eso evadir obligaciones impositivas por parte de Austral Construcciones SA, la nave insignia con la que obtenía licitaciones de obra pública en el sur. Ese dinero era trasladado a través de los aviones privados de Top Air (propiedad de Austral y de Báez) y centralizado -en momentos en que estaba vigente el "cepo cambiario"- en la financiera SGI Argentina. Todo esto con el supuesto fin, planteó el juez, de reintegrarlos al mercado como dinero lícito.

Pérez Gadín no emitió palabra, y en su escrito aseguró que "no era el contador de Báez", sino que trabajaba como su asesor. Lo que se especulaba como una jornada extenuante de indagatorias reveladoras terminó por desinflarse cuando además el piloto y titular de la empresa aérea Top Air, Walter Zanzot; el presidente de la financiera SGI, César Gustavo Fernández, y el financista Federico Elaskar presentaron sus escritos, y se retiraron. Hoy será indagado Pérez Gadín hijo, otro de los protagonistas de las filmaciones.

Báez y Pérez Gadín, quienes el juez cree que son la cabeza de la maniobra de lavado, fueron enviados al pabellón hospitalario del complejo federal de Ezeiza. Ambos acusaron condiciones médicas para evitar el sector común de la cárcel. En una resolución inmediata, Casanello rechazó los pedidos de excarcelación luego de recibir un dictamen de Guillermo Marijuan en el mismo sentido, y reveló un dato curioso: un periodista del Grupo Clarín se presentó a declarar bajo juramento que contaba con información de que Báez intentaría obstruir la investigación si permanecía en libertad.

Por su parte, Casanello sostuvo que "Báez cuenta con una disponibilidad de dinero y de medios" que le permitirían fugarse, si es liberado. Enumeró que a esto se le suman otros agravantes tales como "la expectativa de la pena" por lavado de activos, lo que con un "patrimonio abultado" como es su caso, le permitiría desplegar "recursos como para eludir la Justicia". Tras describir la flota de vehículos, maquinaria y aeronaves a su nombre, el juez reveló que sus posibles lazos internacionales y episodios (que no describió pero dejó entrever) en los que eludió controles aeroportuarios habían "disparado el riesgo de fuga".