Bajo control en inversión pública

  Los funcionarios públicos gestionaron $ 3 de cada $ 4 que se invirtieron en infraestructura en el período 2004-2012, mientras que entre 1990 y 2003 manejaban apenas $ 1 de cada $ 10, informó ayer el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA). "Medido sobre el PBI actual, sería asimilable a haberle dado al funcionario público de turno el manejo de $ 100.000 millones más de manera discrecional", aseguró la consultora. En un contexto en el cual se multiplican las evidencias de los altos niveles de corrupción, "esto no debería sorprender, ya que, si bien en los últimos años se invirtió menos en infraestructura, la centralización de decisiones en funcionarios nacionales aumentó las oportunidades de malversación", consideró IDESA.

Asimismo, IDESA subrayó que "una forma de echar luz sobre estos interrogantes es analizar cómo se estructuró el manejo de los recursos destinados a la inversión en infraestructura en los últimos años". Según datos de

la CEPAL, se observa que "la inversión en infraestructura pasó del 4,6% del PBI por año en el período 1990-2003 al 2,9% del PBI por año en el período 2004-2012", explicó. Además, "entre los años 1990 y 2003, el 12% del total de la inversión era estatal y el 88%, privada", mientras que entre 2004 y 2012 "la inversión estatal pasó a ser el 73% y la privada se redujo al 27% del total", detalló.

IDESA consideró que "delegar la gestión de la inversión en infraestructura al sector privado no es garantía de transparencia, pero reduce riesgos al permitir concentrar el esfuerzo público en montar sistemas más eficientes de monitoreo". "Las modalidades más modernas para el desarrollo de infraestructura se basan en una inteligente articulación entre los roles públicos y privados", puntualizó. "En general, se tiende a que el Estado se concentre en la programación, regulación y control de calidad de las obras y servicios, mientras que el sector privado aporta financiamiento y la ejecución de la inversión asumiendo riesgos", resaltó el informe.

Asimismo, el informe consideró que el Gobierno de Mauricio Macri tiene un doble desafío por delante. "Por un lado, elevar sustancialmente la inversión en infraestructura productiva y social, en especial, en las regiones más postergadas. Por el otro, hacerlo de manera más eficiente y transparente", indicó. "Para eso, no alcanza con funcionarios honestos. Son fundamentales innovaciones institucionales que concentren el rol público en definir objetivos y monitorear su cumplimiento y delegar en el sector privado el aporte de capitales y su gestión, asumiendo riesgos", concluyó.