Bajo fuego, Cristina defendió polémico plan de cooperativas

• Le respondió a Bergoglio. Oposición sectorial. Continuará la ola de piquetes

Cristina de Kirchner, ayer con cooperativistas en Merlo. La escoltaron Daniel Scioli, la ministra Alicia Kirchner y el intendente local, Raúl Othacehé.

Fue el detonante para que, como hacía años, brotaran los piquetes. Sin embargo, Cristina de Kirchner defendió ayer el programa «Argentina trabaja», de matriz cooperativa, que desató críticas de piqueteros, intendentes del PJ y hasta del sector de la construcción.

En Merlo, dominio de Raúl Othacehé, la Presidente bendijo ayer al primer contingente de 10 mil desocupados que se integrarán a cooperativas de trabajo en el conurbano bonaerense, como parte de un programa de «ingreso social» planeado para reducir la desocupación.

Antes de fin de año, en el Gobierno estiman que habrá 30 mil personas incorporadas al plan, que tiene, como horizonte de mediano plazo, llegar a la generación de 100 mil puestos de trabajo. El esquema es conformar una cooperativa cada 400 personas.

Luego de cuestionar los piquetes y ordenar, antes de viajar anoche hacia El Calafate, que las fuerzas de seguridad garanticen que las protestas no impliquen cortes totales, la Presidente encabezó un acto donde defendió esa medida como recurso para «generar trabajo».

Hizo una defensa cerrada del programa que coordina Alicia Kirchner. «Es la forma más inteligente de organizarse» -señaló ayer la mandataria- para asistir a los «sectores más vulnerables», que son «los que necesitan que el Estado pueda darles, no una dádiva, sino un trabajo».

El marco le sirvió a la Presidente para responderle, sin nombrarlo, a monseñor Jorge Bergoglio, que anteayer volvió a alertar sobre el crecimiento de la pobreza. «El mejor antídoto contra la pobreza es el trabajo», aseguró ayer Cristina de Kirchner.

Agregó, además, un párrafo dirigido al purpurado. «Frente al flagelo que es la pobreza, la injusticia y la inequidad, vemos dos clases de personas: las que hacen declaraciones sobre la pobreza y las que ejecutamos acciones contra la pobreza», aseguró.

De todos modos, el programa, que según los pronósticos oficiales en algún momento podría llegar al millón de cooperativistas, se topó con quejas y resistencia de diversos sectores. De fondo, todos piden lo mismo: ser los que digiten a quién se entrega, o no, un cupo de trabajo. En Gobierno se muestran inflexibles. «La inscripción y la coordinación las hará el ministerio, sin intermediarios. Pero ninguna persona que necesite, más allá de su pertenencia a cualquier grupo, será excluida del plan», confió un funcionario ligado íntimamente al programa.

Hay, sin embargo, tres frentes abiertos:

Los más activos, por ahora, fueron los grupos piqueteros enfrentados al Gobierno. El Frente Darío Santillán -de base territorial, derivado del MTD Aníbal Verón, y que toma el nombre de uno de los dirigentes asesinados en la masacre de Avelleneda- realizó dos jornadas de cortes. En estos días inició una negociación que podría aplacar la intensidad de la protesta. Por otro lado, los ex kirchneristas de Barrios de Pie también reclamaron participar del programa y se movilizaron el martes. Ayer, en tanto, apareció el ala dura que nuclea a Quebracho con un acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social. 

También, en voz baja, los intendentes del PJ del conurbano -primer territorio donde se ensaya el plan- se quejaron porque el diseño inicial es evitar la intermediación tanto de los municipios como de los grupos piqueteros, pro o anti-K. Rígidos y feudales, a muchos caciques no les agrada ese mecanismo. De todos modos, de a poco, los jefes comunales comenzaron a intervenir aunque, se afirma desde Desarrollo Social, el programa «se maneja directamente desde el ministerio».

Ayer aparecieron otros actores en la pulseada. La Cámara Argentina de la Construcción y la UOCRA, el gremio del rubro, se reunieron para analizar la marcha del sector -luego de los índices que reflejaron otra caída en la actividad- y pusieron un alerta sobre el plan de cooperativas porque les resta tareas a las empresas y, en paralelo, les quita empleo a los trabajadores de la construcción. «En los últimos diez meses, hay perdidos 100 mil puestos de trabajo. Paradójicamente, es la misma cifra que se propone crear con este programa, pero serán prácticamente trabajadores en negro, sin aportes y sin cobertura social», se confió desde el sector de la construcción. En la misma línea, dijeron que mientras «se frenan obras públicas» que afectan a las empresas, se financiará este plan. En los próximos días, además de disponer una nueva estrategia para impedir los cortes totales -acordada entre el Gobierno nacional y el bonaerense, por intermedio del jefe de Gabinete Aníbal Fernández y el ministro de Seguridad provincial, Carlos Stornelli-, se avanzará en negociaciones con los sectores que cuestionan el plan para encontrar puntos de acuerdo.