La finalidad de la proposición es "delimitar con claridad los supuestos en los que la jurisdicción española puede investigar y conocer fuera del territorio" español, dijo el vocero de Justicia del PP en el Congreso de los Diputados, José Miguel Castillo, al defender la propuesta.
Castillo insistió en que la iniciativa busca una mayor eficacia de la jurisdicción universal y no resolver problemas diplomáticos, como afirma la oposición.
La proposición de ley restringe las personas habilitadas para presentar querellas, así como las condiciones necesarias para que un juez español pueda investigar un delito ocurrido fuera de España, especialmente en los casos de lesa humanidad. Además, permite el sobreseimiento con carácter retroactivo de las causas abiertas en los tribunales españoles que, según consideró el PP, suelen archivarse.
"Ante las presiones de gobiernos que no aceptaron la competencia del Tribunal Penal Internacional y que presionan al Gobierno de España para defender a sus nacionales, la respuesta terrible de España es una modificación de esta legislación para desproteger a los nacionales españoles", aseguró la portavoz parlamentaria socialista, Soraya Rodríguez.
Al igual que el PSOE, el resto de los partidos de la oposición se opusieron al texto por inconstitucional, considerando que la modificación busca que casos como la muerte en 2003 del camarógrafo de televisión española, José Couso, por un obús estadounidense durante la guerra de Irak, queden impunes.
La propuesta llegó al Parlamento nacional después de que un juez español emitiera, el lunes, una orden de detención internacional contra el expresidente chino, Jiang Zemin, en el marco de una investigación sobre varios exresponsables chinos por la represión en el Tíbet.
"China está profundamente descontenta y se opone enérgicamente a las acciones tomadas sin razón por las instituciones españolas", declaró ayer la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunying.
El redactor de la querella contra los exdirigentes chinos, José Elías, afirmó que "existen pruebas de que China presionó a España para que cerrara el caso". "En diciembre hubo una visita de parlamentarios chinos al Congreso, donde se reunieron con la Comisión de Asuntos Exteriores y pidieron que se cerrara aludiendo al hecho de que China tiene el 20% de la deuda española", aseguró. "La presión china fue la coartada y el detonante", agregó.
Con la nueva ley sólo se podrán perseguir los delitos de la jurisdicción universal siempre que los criminalmente responsables sean españoles o extranjeros con nacionalidad española y sólo si la víctima o la fiscalía presentaron una querella en los tribunales.
Por tanto, cuando entre en vigor, previsiblemente en dos meses, el caso del Tíbet y otros similares quedarán archivados.
Por su parte, el socialista PSOE anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma y dijo que el Gobierno de Mariano Rajoy podrá ser denunciado ya que "la modificación de la jurisdicción internacional es algo contrario a los convenios internacionales".
Antes de la votación, Amnistía Internacional había pedido a los congresistas que rechazaran el proyecto porque contravenía "las normas del derecho internacional que determinan que algunos crímenes son tan atroces que los Estados tienen la obligación de investigarlos".
| Agencias AFP, DPA y ANSA, y Ámbito Financiero |
Dejá tu comentario