Blanqueo: el Gobierno espera sufrida victoria en el Senado

El bloque oficialista del Frente para la Victoria se reunió ayer en el Senado para realizar el último conteo provisorio de votos antes de la crucial sesión de mañana. El rionegrino Miguel Pichetto respiró aliviado al constatar que el kirchnerismo contaba con un piso de 37 votos a favor del megapaquete que incluye una moratoria impositiva, blanqueo de capitales e incentivos laborales para enfrentar los efectos de la crisis internacional.
Por las dudas, y tras la escandalosa votación en la Cámara de Diputados con denuncia judicial incluida, Pichetto aclaró que con la mayoría simple de los votos alcanzará para aprobar el plan anticrisis enviado por Cristina de Kirchner al Congreso. Esto significa que con el apoyo de la mitad más uno de los senadores presentes, el proyecto será sancionado por la Cámara alta y quedará listo para que el Poder Ejecutivo lo promulgue. No necesitará entonces el kirchnerismo una mayoría calificada, tal cual reclaman el PRO de Mauricio Macri y la Coalición Cívica, quienes interpretan que la creación de una tasa que se cobra a los capitales repatriados se encuadra dentro del inciso 3 del artículo 75 de la Constitución nacional y, por lo tanto, se necesitaría una mayoría calificada.
Más allá del reclamo de lilitos y macristas, el titular del bloque UCR en la Cámara alta, el mendocino Ernesto Sanz, ya dio por cerrada la polémica y adelantó que el radicalismo no cuestionaría en sede judicial la eventual aprobación del blanqueo de capitales en caso de ser aprobada con mayoría simple. La interpretación es que las tasas que el fisco percibirá por la repatriación de fondos son coparticipables con las provincias y no tienen asignación específica en el proyecto de ley.

Consenso

Desde el despacho de Pichetto, jefe de los senadores kirchneristas, explicaron ayer que salvo el blanqueo de capitales, el resto de las medidas del megaplán sería aprobado con un alto grado de consenso, es decir, más de 40 votos. Disconformes con lo que consideran un insuficiente control del origen de los fondos repatriados, los santafesinos Carlos Reutemann y Roxana Latorre evaluaban ayer votar en contra del blanqueo. Además, los salteños Juan Carlos Romero y Sonia Escudero, junto con la chaqueña Elena Corregido, votarían en contra de sus colegas peronistas.
Pero como se quejaba ayer uno de los peronistas díscolos, «la votación la van a definir los gobernadores que necesitan financiación para 2009 y les dan la orden a sus senadores de votar con el Gobierno nacional». Ése sería el caso de Horacio Lores, del Movimiento Popular Neuquino de Jorge Sapag, y los fueguinos José Martínez y María Rosa Díaz, del ARI de Fabiana Ríos. Pichetto daba por descontado, además, el apoyo del pampeano Rubén Marín y del cordobés Roberto Urquía, dos votos que se habían fugado del bloque kirchnerista en el debate sobre las retenciones móviles.
Ayer, también se realizó la reunión de Labor Parlamentaria y, además de la repatriación de capitales, se incluyó el tratamiento de la regularización impositiva y la promoción y protección del empleo registrado, con prioridad en pymes.

Polémica

Este paquete de medidas había encendido la polémica en la Cámara de Senadores, porque impone una serie de beneficios fiscales a aquellos contribuyentes que no hayan cumplido con sus obligaciones fiscales ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
La iniciativa también establece un régimen especial para la regularización del empleo no registrado y para la promoción y la protección del empleo registrado con prioridad en las pequeñas y medianas empresas. Pero lo más cuestionado fue la repatriación de fondos radicados en el exterior sin que sus propietarios estén obligados a informar a la AFIP la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas.
Además, se establece que las entidades financieras donde los fondos blanqueados sean depositados no estarán libres de las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente a la prevención de las operaciones de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos previstos en leyes no tributarias.
Las personas físicas o jurídicas que pretendan acceder a los beneficios del régimen en discusión deberán formalizar la presentación de una declaración jurada al respecto.