29 de julio 2015 - 10:09

Boleta-gate, alerta de un sistema roto

"La inversión con mayor rentabilidad de 2015 no fueron el dólar "blue" ni el Boden: fue comprar papel para impresión de boletas en enero y venderlo en junio". Mordaz, el funcionario K sintetizó con su humorada la preocupación que reina entre los encargados de la logística electoral: conseguir empresa y papel para contratar la impresión de sus boletas electorales.

Con la incorporación del color en 2011 y la inclusión, en este turno, de los legisladores para el Parlasur, la papeleta alcanzó una extensión inédita. Como contó este diario en mayo pasado, la boleta más larga de la historia enlaza diez tramos de 12 centímetros: debutará el 9 de agosto en Catamarca, medirá 1,20 metro y obligará a que en cada mesa haya dos urnas ante la contingencia de que una sola no alcance para contener todos los votos, por la dimensión y el volumen de las papeletas.

Así lo resolvió la Cámara Nacional Electoral, laboratorio que intervino para emparchar un sistema electoral al borde de la implosión. El tribunal, donde se sientan Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Ricardo Munné, corrigió al juez federal Emiliano Durán e intervino para resolver la crisis logística catamarqueña. Los partidos debieron migrar a Buenos Aires, Córdoba o Tucumán para imprimir la tira de 1.20 metro por 19 centímetros de alto, porque no hay, en Catamarca, imprentas en condiciones de hacerlo.

Puede ser, también, la boleta más cara de la historia criolla: la cotización llegó a 2,40 pesos. Es un juego de demanda en el que el aporte del Estado, que la semana pasada repartió 188 millones de pesos, sólo alcanzaría en ese caso para cubrir la mitad del costo: la Dirección Nacional Electoral cotizó en 12 centavos cada segmento. Pero ese valor es relativo: en la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández consiguió que le hicieran "descuento" y le cobraran 60 centavos la tira de 84 centímetros de largo, y a los catamarqueños les facturaron cuatro veces más por boletas de 1,20 metro.

Al incorporarse dos tramos de Parlasur, varias provincias tendrán boletas kilométricas: se eligen presidente, bloque Parlasur, senadores, diputados, uninominal Parlasur, gobernador, legisladores provinciales -algunos votan aparte senadores y diputados locales- y, en varios casos, hay tiras separadas de intendente y concejales, o hasta alguna de juez de faltas, delegado a la Magistratura local. En Chubut, por caso, el juez federal habilitó una excepción cuasi legal: permitió, forzado por la situación, que en vez de 12 centímetros como impone la ley, los tramos sean de 10 o hasta 9 centímetros de ancho para que midan, en total, menos de un metro. De ese modo, se pueden hacer en imprentas locales y el costo es mucho menor.

Como contó este diario, el gobierno repartió 188 millones de pesos entre los partidos y frentes electorales. Por ley, financia la impresión del equivalente a un padrón y medio de boletas. Ejemplo: si un partido presentara solo candidato a presidente y lista larga de Parlasur, el Estado le da fondos para imprimir 48 millones -un padrón y medio- de boletas de cada uno de esos tramos, a 12 centavos cada uno, lo que equivale a 11,4 millones de pesos. Ese cálculo explica la existencia de PYMEs electorales, con candidatos ignotos que luego sacan apenas un puñado de votos, que se nutren con los aportes oficiales.

El boleta-gate que estalló en la provincia de Buenos Aires, respecto a la cantidad de papeletas que deben ir en las urnas (ver aparte), es el reflejo de un sistema roto en varios frentes y con muchos pliegues. Veamos:

La boleta impresa, defendida por los partidos mayoritarios, sobre todo el PJ, parece condenada a la extinción. El 9 de agosto puede, quizá, ser un componente determinante en la interna del peronismo K entre Aníbal Fernández y Fernando Espinoza. En el mundo de la política, se asume que un buen trabajo de la estructura implica entre 2 y 5 puntos. Requiere una logística monumental: por caso, grupos numerosos de militantes de Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, a los que se sugirió que dieron licencia en AFSCA para que ayuden a "doblar" boletas en un depósito de Wilde.

• El costo de imprimir las tiras, más allá de los pícaros que lo toman como un negocio estacional -cada dos años-, es también exorbitante. En la provincia de Buenos Aires, con 15 candidatos a presidente y 13 a goberandor, se mandaron a imprimir unos 200 millones de boletas. Un dato comparativo: el FpV hizo más de 60 millones de Fernández y Domínguez, pero entre los dos sumarían 4 millones de votos. La boleta se convierte en un elemento del marketing más que en un instrumento de votación.

Otro aspecto, que se vio potenciado este año, es la proliferación de adhesiones y colectoras invertidas: en PBA, para citar el caso emblemático del FpV, hay un solo candidato a presidente pero dos a gobernador y, en algunos casos, hasta 4 a intendente pero todos con la misma tira de diputados nacionales y de Parlasur. Las adhesiones cruzadas generan confusión y disparan el problema logístico. Está, en Cámara, el expediente de Gerardo Morales que pidió ir "colgado" de 7 candidatos presidenciales diferentes en Jujuy , lo que haría que su boleta aparezca siete veces en el cuarto oscuro.

• La complejidad y el costo creciente hace que desde la Justicia y desde sectores políticos se mire el voto electrónico al estilo Salta -que ahora replicó la ciudad de Buenos Aires- o la boleta unica, sistema cordobés o santafesino. Sea como fuere el sistema actual parece herido de muerte.

Dejá tu comentario