El gobierno de Entre Ríos promulgó la ley que deja sin efecto la prohibición en la provincia de vender rollizos de madera, conocida como "Ley de la Madera", impulsada en marzo de 2007 durante el conflicto con Uruguay por la instalación en Fray Bentos de la pastera UPM (ex Botnia).
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Al anunciar la decisión de derogarla, el gobernador Gustavo Bordet dijo que -con la norma-, Entre Ríos "pierde la posibilidad de sembrar eucaliptus y de recuperar también un rol importante dentro de la matriz productiva provincial y nacional".
La Ley de la Madera, que prohibía "la venta y/o salida de rollizos y chips destinada a la exportación como materia prima para empresas fabricantes de pasta celulósica que generan residuos contaminantes, lesiona los derechos de los ciudadanos entrerrianos consagrados en los artículos 41 de la Constitución Nacional y 5 de la Constitución Provincial".
Al defender la necesidad de derogar la ley, Bordet tildó como un "contrasentido" la existencia de esa prohibición, ya que como mandatario "pelea para que se abran las exportaciones de cítricos a los Estados Unidos y Brasil, y por otro lado tiene un artículo que prohíbe exportaciones".
Reconoció que la derogación fue solicitada por las distintas cámaras forestales y aclaró que desde su gobierno "somos los más interesados en conservar los recursos naturales".
La iniciativa, cuya promulgación se conoció ayer, fue sancionada definitivamente en diciembre por Diputados, en cuyo recinto, vecinos de Gualeguaychú, enrolados en la Asamblea Ambiental que rechaza la instalación de pasteras en Fray Bentos, repudiaron la decisión con pancartas y cánticos alusivos a la defensa del medio ambiente.
Expectativa
Con la derogación estaba previsto activar un plan foresto industrial, aunque sobre ese punto no hubo avances concretos en la Legislatura y tampoco en la provincia hasta el momento.
Por el conflicto por las pasteras, la ruta 136 a la altura de Arroyo Verde estuvo cortada desde 2006 hasta junio de 2010, fecha en la que los asambleístas -fallo de La Haya de por medio-resolvieron, además de suspender el bloqueo por 60 días, abrir canales de diálogo con los gobiernos de la Argentina y Uruguay, tendientes a establecer un monitoreo ambiental binacional sobre la planta que finalmente no se cumplió.
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