Boudou, con serios problemas de agenda

Miguel Kiguel

La Argentina tiene una larga agenda de temas económicos por resolver, que van desde la reducción de intervenciones e intromisiones que afectan principalmente la producción de alimentos y de energía (aunque a otros sectores también), hasta una caída en la actividad económica que está afectando el empleo y los niveles de pobreza, una inflación que no cede a pesar de la recesión y la falta de crédito a largo plazo que asfixia a la inversión.

Dentro de este contexto de grandes desafíos, queda cada vez más claro a medida que pasan los días que el principal de todos ellos a corto plazo en materia de política económica pasa por conseguir financiamiento y ajustar las cuentas fiscales.

A pesar de la reciente caída en el riesgo-país, la Argentina sigue teniendo el dudoso privilegio de tener el riesgo crediticio más alto entre los países emergentes, un privilegio que por ahora no parece que nadie nos lo vaya a quitar.

El programa financiero de este año se va a cerrar recurriendo al financiamiento interno, a las reservas internacionales y con la modesta ayuda que nos pueden brindar el Banco Mundial, el BID y la CAF. Estas fuentes de financiamientos alcanzan para pasar el invierno, pero no sobra «ni un duro». Si se busca plata en serio, la única fuente disponible es el demonizado FMI, y aunque el organismo se ha transformado y ofrece ahora líneas blandas que se otorgan sin condicionalidad, esos préstamos se reservan para países con buen comportamiento.

Queda claro que la Argentina no cumple con los requisitos para las nuevas líneas y que si queremos plata será a la antigua: con condicionalidad.

El hecho de que el riesgo-país siga en niveles de cuatro dígitos implica que en la práctica la Argentina no tiene acceso a financiamiento voluntario. Tendremos por ende que «vivir con lo nuestro», una frase que para algunos suena linda, pero que en la práctica limita la capacidad de hacer política económica. De nada sirve anunciar un agresivo programa de obras públicas o de gasto público para aumentar el empleo y reactivar la economía. Estas políticas chocan con la cruel realidad de que no hay plata y que ya casi nadie le presta al Gobierno argentino. Además, los pocos fondos con los que se cuenta se usan para pagar los vencimientos de la deuda pública, para financiar el déficit fiscal y algo habrá que dejar para las provincias que muestran claras señales de asfixia financiera y que amenazan con desempolvar las cuasimonedas.

Bajar el riesgo-país de los niveles actuales a otros más razonables, como los que tienen Brasil, Uruguay o Colombia, no es un tema fácil y va a llevar tiempo, pero es indispensable. La ventaja que tenemos es que con una deuda pública neta que ronda el 35% del PBI, un déficit fiscal del 0,5% del PBI y necesidades financieras que para este año son del orden de los seis mil millones de dólares, los montos son manejables.

La desventaja es que durante estos años se ha despreciado al mercado y se ha maltratado a los inversores, ya sea mediante ignorar a los «holdouts» o enorgullecerse de retocar los índices de precios para bajar el costo de la deuda indexada, mientras que se ha destruido el mercado de capitales de largo plazo local con la nacionalización de los fondos de pensión.

Sin duda que se puede recomponer la relación con el mercado, aunque llevara tiempo, ya que el daño que se ha hecho durante estos años es muy grande y difícilmente pueda ser reparado simplemente con la salida de Moreno o con algunos maquillajes por aquí y por allá. Habrá que hacerlo despacito, con astucia y con paciencia.

La necesidad de iniciar ese camino es inminente, especialmente dado el panorama fiscal, que en el mejor de los casos luce complejo. Las cuenta fiscales este año muestran un rojo equivalente al 0,5% del PBI, en gran medida generado por un gasto público que, empujado por las necesidades electorales, crece a tasas del 25% anual mientras que los ingresos tributarios sólo lo hicieron al 10% anual. Ciertamente, hace falta un ajuste, y rápido, en esta área, ya que sin financiamiento la situación puede tornarse crítica.

Las provincias no están mejor, a pesar de que no hay cifras claras acercas de cuáles son sus necesidades financieras. Todo indica que en su conjunto necesitan el equivalente a uno por ciento del producto, y que el grueso de los problemas se centra en la provincia de Buenos Aires.

Las elecciones parecen haber cambiado el balance de poder entre el Gobierno central y las provincias, lo que abre la posibilidad de discutir elementos básicos del esquema de coparticipación de impuestos actual que muy probablemente tendrá implicaciones importantes tanto en lo económico como en lo político. De ser así, el rojo del Gobierno central podría ser mayor, con lo cual es aún más urgente atacar los problemas fiscales y de financiamiento.

El primer paso de esta discusión es la distribución del impuesto a los débitos y créditos bancarios, del cual hoy las provincias sólo se llevan el 30% del total. Pero el tema seguramente no va a quedar ahí, ya que con la renacionalización de los fondos de pensión perdió vigencia la «precoparticipación» de IVA y Ganancias que estaban destinados a financiar la pérdida de aportes de los aportantes que pasaban al sistema de capitalización. Y seguramente también aparecerá la refinanciación de las deudas provinciales con el Gobierno nacional, que representan un peso importante para muchas provincias.

Como se ve, el tema es complejo. Las soluciones no son sencillas, pero tampoco son inmanejables si tuviéramos un país «normal». No hay que olvidar que la mayor parte de los países emergentes siguen teniendo acceso al crédito, tanto en el mercado local como en el externo, y que los fondos se usan justamente para sobrellevar los períodos de vacas flacas como los actuales.

En la Argentina hoy es indispensable recuperar el acceso al crédito, lo cual requiere normalizar el INDEC y sincerar el CER, avanzar en la reestructuración de la deuda que sigue en default con los bonistas y con el Club de París y, como si esto fuera poco, un fuerte ajuste fiscal que se base en una baja del gasto público y no en una nueva suba de impuestos.