Por decreto, el Gobierno de Bolsonaro limitó el acceso a la información pública

Brasilia - El Gobierno de Brasil elevó drásticamente ayer el número de empleados públicos a los que se les permite declarar información como “secreta” y “ultrasecreta”, debilitando una ley de transparencia promulgada en 2011 para hacer rendir cuentas al Ejecutivo.

El decreto firmado por el vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, mientras el mandatario Jair Bolsonaro está en Davos, permite que funcionarios civiles, jefes de agencias y ejecutivos de alto rango de empresas estatales -cargos designados políticamente- clasifiquen información como “secreta”.

Previamente, la clasificación de “ultrasecreta” -referida a datos que sólo pueden hacerse públicos después de 25 años- sólo podía invocarla el presidente, el vicepresidente, funcionarios a nivel del Gabinete, comandantes militares y jefes de misiones diplomáticas permanentes y consulares en el exterior. La cifra de quienes podían ampararse en la designación de “secreta” era sólo levemente más alta.

El decreto de ayer, entregado luego de que Bolsonaro declaró en una presentación en Davos una nueva época de transparencia en la política y los negocios de Brasil, implica que es probable que más registros públicos quedarían fuera del alcance de grupos civiles, periodistas y ciudadanos comunes.

La decisión modifica la ley de 2011 de Acceso a la Información, aprobada durante la Presidencia de Dilma Rousseff para garantizar el acceso a registros de los gobiernos locales, estatales y federal en nombre de la democracia.

“El decreto disminuye la burocracia a la hora de que usted desclasifique algunos documentos secretos”, justificó Mourão ante las críticas de la oposición de la ONG que trabajan por el acceso a la información pública.

Fabiano Angélico, consultor senior de Transparencia Internacional, aseguró al diario Estado de S.Paulo que “el decreto hace que una decisión que antes era muy bien evaluada tanto en aspectos técnicos como en políticos ahora pueda ser tomada por un funcionario de un escalafón más bajo. Es muy perjudicial para la transparencia”.

Agencia Reuters y Ámbito Financiero