Bs. As.: desalojan toma y crece tensión política

La Policía Bonaerense mantenía una guardia en la zona del desalojo para impedir que los activistas recuperen el predio. Son hectáreas ubicadas en un área productiva privilegiada de Abasto, vecinas al Parque Industrial y con salida a la Autovía 2.

 Buenos Aires - La Policía Bonaerense desalojó ayer a la mañana a unas 400 personas que ocupaban ilegalmente un predio rural de 50 hectáreas, ubicado en la localidad de Abasto. Hubo 13 personas demoradas y al menos 10 heridos leves, producto de las refriegas entre los ocupantes y los efectivos.

En pleno año electoral, la modalidad de tomas y usurpaciones por parte de activistas resurgió en los últimos días en al menos seis provincias: Jujuy, Catamarca, Corrientes, Neuquén y Buenos Aires.

Hay en todas un denominador común: el oportunismo político de distintos sectores, que buscan obtener rédito propio fogoneando o amparando movimientos de este tipo.

En concreto, el caso de Abasto, una de las zonas productivas más cotizadas de la periferia platense, se inscribe en un complejo cruce de intereses inmobiliarios y políticos.

"La tierra desalojada pertenecería a los herederos de Zelindo Lentini, expresidente del club Estudiantes de La Plata, y es reclamada por la inmobiliaria Mattioli, que asegura actuar en nombre de la sucesión", explicaban, por un lado, ayer desde La Plata.

Por otro lado, el Gobierno de Daniel Scioli, con Gabriel Mariotto a la cabeza de la negociación, aseguró que por estas horas continúan las gestiones entre las partes para convertir el barrio en un predio de viviendas sociales.

Ese desencuentro, precisamente, quedó explicitado en la superposición de dos órdenes judiciales, una por el desalojo y otra para frenarlo.

Alrededor de las 7, los uniformados comenzaron a despejar el lugar cumpliendo el fallo de primera instancia ratificado por el juez penal Pablo Reale, pese a la promesa que Mariotto había hecho a los ocupantes la noche del miércoles de frenar el desalojo, esta vez de la mano de un fallo del magistrado platense Luis Federico Arias.

Tras los hechos, el vicegobernador rechazó el desalojo y anticipó que pedirá el juicio político para el fiscal y el juez que ordenaron la medida.

"Se pide el desalojo por la fuerza para asignarle al señor Alberto Mattioli las hectáreas, en una medida que favorece intereses de un privado que ni siquiera acredita posición del terreno, el cual tiene deudas con ARBA y la AFIP".

"No entendemos -agregó- por qué Mattioli tiene tanto peso sobre la Justicia penal, o quién está detrás de Mattioli, de un especulador inmobiliario como él". Consideró que "seguramente habrá que buscarlo en el Arzobispado o la intendencia de La Plata, con el amparo de la corporación judicial".

Suspendido

Tras el desalojo, el Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección de Tierras y la Secretaría de Niñez de la provincia debieron frenar el censo que se llevaba a cabo entre las familias para evaluar cada una de las situaciones.

"Por culpa de las topadoras y de la Policía, vemos frenado nuestro trabajo", acusó Mariotto, pero anticipó que "vamos a trabajar esta semana para que avance en el Senado un proyecto de expropiación de las tierras, que conlleva la construcción de un complejo habitacional en el lugar".