Bs. As.: fracaso y polémica por ley de Policía local

Patricio García y Norberto García

Buenos Aires - El Gobierno de Daniel Scioli no pudo celebrar ayer la ansiada sanción de la ley de creación de las Policías locales: los duros cruces entre el FpV-PJ y el Frente Renovador terminaron en un cuarto intermedio hasta el lunes en la sesión del Senado, en medio de denuncias del massismo por la supuesta existencia de un "senador trucho" para forzar la votación.

En rigor, ya la reunión de comisión ampliada del pasado miércoles anticipaba diferencias en apariencia irreconciliables que ponían en peligro la sesión de ayer, a partir de la pretensión de la fuerza que lidera Sergio Massa de aplicar cambios en el proyecto enviado por Scioli y que ya cuenta con una trabajosa media sanción en Diputados.

Pero, finalmente, la sesión -seguida de cerca por Scioli y por su ministro de Seguridad, Alejandro Granados- se empastó en una virulenta discusión de tono reglamentario y fuerte aroma electoral, ligada al virtual empate en materia de votos.

Según el FR, el oficialismo intentó apelar a un supuesto "senador trucho" para reemplazar al ausente Patricio García (FpV-PJ). García viajó sugestivamente a Alemania junto al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, quien había cuestionado públicamente la estrategia de crear policías locales. La movida del cacique kirchnerista -de aspiraciones presidenciales 2015, como Scioli y Massa- inclinó la balanza hacia el fracaso de la sesión.

Los renovadores cargaron las tintas así contra otro García: Norberto Amílcar, flamante exsubsecretario de Asuntos Políticos y Electorales del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación que conduce Florencio Randazzo. García renunció al cargo el martes y se presentó ayer en el recinto para ocupar su banca de senador provincial -estaba en uso de licencia- e intentar apuntalar los votos a favor de la sanción de la ley.

La queja massista apuntó a que esa renuncia aún no había sido notificada formalmente en el Boletín Oficial, pese a que luego se difundió la carta de dimisión del funcionario.

"Quisieron imponer un senador trucho", denunció el titular de la bancada del FR, Jorge D'Onofrio, además de remarcar que "no puede sentarse en la banca" porque antes Cristina de Kirchner debe "aprobar por decreto su renuncia" y debe salir publicado "en el Boletín Oficial". En reacción, el randazzista García remarcó que su renuncia no fue publicada porque no es "secretario de Estado ni ministro". "No soy senador suplente, sino senador electo por la cuarta sección; pedí una licencia, me vine a trabajar en la parte de Transporte junto a Randazzo y me reemplazó Élida de Bartoletti, y como ahora Patricio García está de viaje, volví a ocupar mi banca", argumentó.

Norberto García además aclaró que "obviamente, en el ínterin" presentó su renuncia al cargo, para sentarse en la banca "como corresponde".

"Truchas son las declaraciones del massismo, como todo lo que hace", disparó García. "Lo único que quiere son eslóganes mediáticos, y cuando vamos a la hora de tener que poner en práctica alguna herramienta de gestión, no la quieren dar", se quejó, además de advertir que se mantendrá en el escaño hasta que la ley sea sancionada.

En sintonía, el sciolista Alberto De Fazio denunció que "hay una especulación política miserable por parte de Massa, quien no quiere darle al gobernador el privilegio de tomarle juramento al primer oficial".

"Acá tuvieron una orden expresa de su jefe de no dar tratamiento a la Policía local, esa es la síntesis", coincidió la titular del bloque oficialista, Cristina Fioramonti.

Por de pronto, el FpV-PJ intentó aprobar la licencia del ausente García para transparentar la estrategia, pero la resistencia del FR y las críticas a la presencia del exfuncionario derivaron en el cuarto intermedio hasta el lunes a las 16.

El proyecto en pugna impulsa la creación de policías locales -de prevención- en distritos de más de 70 mil habitantes, con dependencia operativa del municipio, con la obligación de acatar las directivas del intendente y con financiamiento provincial.

Tras la difícil sanción en Diputados -luego de cambios reclamados por intendentes y por un sector del oficialismo-, el masissmo exige retoques, lo que implicaría el retorno del proyecto a la Cámara baja y un final incierto. Entre otros puntos -que, dicen, no se resuelven con correcciones en la reglamentación-, critican la falta de precisiones sobre las asignaciones presupuestarias, las limitaciones para "solicitar información a personas en actitud sospechosa" y la prohibición para los efectivos de portar armas fuera del horario de servicio.