AL FILO. Domínguez había quedado a un paso del juicio oral por coacción durante su defensa a uno de los acusados en el atentado.
El presidente del Tribunal de Casación Penal bonaerense, Federico Domínguez, procesado por coacción en el causa AMIA, falleció la noche del lunes tras permanecer internado desde hace algunas semanas, afectado de cáncer desde hacía varios años.
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El magistrado se desempeñaba en ese puesto desde 1998, pero desde hace un año estaba con licencia médica por su problema de salud, por lo cual en ese cargo iban desempeñándose distintos jueces de manera rotativa.
Antes de llegar a este tribunal bonaerense, Domínguez se desempeñó como abogado defensor de uno de los imputados de la causa AMIA, el expolicía bonaerense Bautista Huici, quien estuvo procesado por el atentado.
El juez Ariel Lijo procesó a Domínguez en 2014 por haber ejercido supuestamente presiones y ofrecido dinero para que tanto Huici como otros imputados involucraran en la "conexión local" del atentado a policías bonaerenses, entre ellos el ex comisario y hoy abogado Juan José Ribelli.
El año pasado, la Cámara Federal porteña ratificó su procesamiento. Con la muerte de Domínguez se abre ahora una vacante en uno de los tribunales más importantes de la provincia de Buenos Aires, la última instancia antes de la Suprema Corte en cuanto a delitos penales.
Como establece el artículo 3 (transitorio) de la Ley 14.065, su reemplazo se definirá por sorteo la próxima semana, cuando se reincorpore el resto de los magistrados que componen ese tribunal tras la feria judicial de verano.
Además, la presidencia de Casación será anual y rotativa. Por lo tanto, el juez Carlos Natiello será el que quede al frente del tribunal por ser el de mayor antigüedad en el cuerpo, y será sucedido doce meses más tarde por quien le siga en antigüedad. Y así sucesivamente hasta completar la presidencia por parte de los integrantes de las seis salas que lo componen.
El Tribunal de Casación fue creado a partir de la reforma del Código de Procesal Penal, sancionada en diciembre de 1996, y puesta en funcionamiento dos años más tarde por indicación del por entonces gobernador Eduardo Duhalde.
El 3 de enero, Memoria Activa pidió que sean enviados a juicio oral tres acusados por el encubrimiento a la investigación. Además de Domínguez, se apuntaba a Luis Vicat y Marta Parascándalo.
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