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Buitres: hubo suerte en la elección de jueces que definirán el “stay”
• DE LOS TRES MAGISTRADOS DE LA CÁMARA, A DOS LOS ELIGIÓ BARACK OBAMA Y EL TERCERO TRABAJÓ EN EL ESTUDIO CLEARY
Thomas Griesa y Jack Lew
Dronney, Engelmeier y Leval tendrán que abrir el juzgado el miércoles de la semana que viene para escuchar las apelaciones de varios acreedores, para resolver si Thomas Griesa puede aplicar el "stay". Esto es, permitirle a la Argentina pagarles a los fondos buitre y acreedores que aceptaron la propuesta, sin el riesgo que el dinero destinado termine embargado. La apelación fue abierta cuando algunos bonistas que no aceptaron la propuesta que llevó a Nueva York el secretario de Finanzas Luis Caputo (acompañados curiosamente por otros que sí la aceptaron), recurrieron a la cámara argumentando que Griesa tienen las facultades para negar un "stay" pero no para suspenderlo o levantarlo. Los jueces escucharán las argumentaciones de los demandantes y finalmente será el turno de los abogados argentinos, los que expondrán la defensa de las facultades de Griesa.
Según menciona Sebastián Maril, editor de Inversor Global, "dos de los tres jueces que decidirán el levantamiento de las cautelares fueron nombrados por el presidente Obama y, tras la presentación hace 10 días del amicus curiae a favor de la Argentina durante su visita a nuestro país, despierta optimismo que los jueces podrían fallar a favor de los intereses de la República Argentina. El tercer juez, Pierre Leval, ya ha fallado a favor de nuestro país el año pasado".
Christopher Droney llegó a la Corte en 2011, nombrado por Barack Obama y viene de Connecticut. Engelmeier lo hizo un año después, y también llegó por recomendación del actual presidente norteamericano. Pierre Leval fue nombrado por Bill Clinton en 1993, y varias veces se lo mencionó como potencial integrante de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En teoría los tres tienen procedencia demócrata y tendrían una posición menos negativa, a priori, contra el país que la que manifestaron abiertamente los anteriores juces, Barrington Daniels Parker Jr., Rosemary S. Pooler y Reena Raggi. Los tres votaron abiertamente en contra de la Argentina en agosto de 2013, aprobando el fallo de fondo de Thomas Griesa de diciembre de 2012, y mencionando en su fallo que parte de la justificación en la unanimidad se basaba en que la presidente Cristina de Kirchner había asegurado que si la decisión de la segunda instancia era negativa, no aceptaría el fallo.
Más allá de la esperanza que generan los nuevos jueces que tratarán el caso argentino en la segunda instancia, la Argentina ya descarta que no podrá cumplir con la fecha del 14 de abril y que deberá pagar punitorios a los acreedores por los días de retraso; tal como adelantó este diario, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, le había explicado el miércoles esta situación al secretario del Tesoro norteamericano, Jack Lew, aclarándole al funcionario que los problemas fueron generados esta vez por la Justicia de su país y no por problemas locales.
Lew había llamado para reclamar que se acelere el pago a los acreedores luego de haber escuchado de parte del funcionario argentino la confirmación de que no se podría cumplir con la fecha del 14. El norteamericano le pidió, explícitamente, que se les pague a los fondos buitre y holdouts "lo antes posible". La hipótesis que maneja la Argentina es que si la cámara acelera la decisión, se podría concretar la operación en la semana del 18 de abril y antes del viernes 22. Prat Gay aseguró además que no habrá problemas con la postergación de la fecha original, ya que se incluye en el acuerdo que se puede liquidar después de ese día, pero bajo el compromiso de hacerlo pagando elevados punitorios, que podrían llegar al 9% anual en dólares.
El Gobierno está dispuesto a reconocer esta situación, pero luego piensa reclamar ante la Cámara de Apelaciones por los costos de la postergación. Ayer circuló la versión de que el Gobierno podría estudiar la colocación de nuevos títulos de deuda para pagar a los holdouts sobre la base de un adelanto formal de entre u$s 4.000 y 5.000 millones de parte de los bancos que completarán la operación. Sin embargo, la idea podría naufragar, ya que la Argentina no podría pagar antes de la aplicación del "stay" por parte de Griesa, ya que esos fondos podrían ser embargados.


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