Buitres: nuevo y extraño caso desde Delaware

Es el Buison Bee y reclama ante la jueza Preska que heredó la causa de Thomas Griesa.

reclamo. El Fondo Bee se fundó en febrero en Dalleware con el único fin de litigar contra la Argentina por títulos en default impagos.

El "Juicio del Siglo" entre Argentina y los fondos buitre por el default de 2001 aún no termina. Y se resiste a finalizar. Y lo peor, la Argentina aún no sabe cuál será el costo definitivo. Para peor, desde ayer nace una nueva amenaza para el país: algunos fondos, por ahora marginales, que consideran que el país no está negociando correctamente un cierre del litigio y que se está aplicando una nueva "Ley Cerrojo". Este es el argumento que plantea el hasta ahora ignoto fondo Bison Bee, que ayer se presentó en el juzgado de Loretta Preska (la jueza que heredó el cierre definitivo del caso de parte del ya fallecido Thomas Griesa). Esta firma con sede en Delaware (y fundada en febrero de este año, con lo que se supone que su única finalidad es litigar contra Argentina), plantea que estando aún en poder con deuda emitida por el país caída den default en 2001, reclama que ahora el Gobierno argentino no está cumpliendo con su promesa de negociar con los acreedores, ya que no podría mejorar la oferta presentada en 2016 por estar prohibido por la ley aprobada por el Congreso Argentina a comienzos de ese año. El caso se suma además a otros acreedores que aún reclaman por sus títulos en default, y que se presentaron luego del acuerdo negociado por Luis Caputo en sus días de secretario de Finanzas de Alfonso Prat Gay por la negativa de la Argentina de hacerse cargo del costo de los abogados de los litigantes. Es el caso de José Luis Pou Lorenzo, un argentino residente en Uruguay, que también presentó su causa ante Preska con bonistas individuales o fondos que agrupan a personas (alguno de ellos argentinos), que están también disconformes porque deben hacerse cargo de los honorarios de los abogados litigantes, dinero que se le descuenta de las eventuales liquidaciones que recibirían en el caso de terminar aceptando la oferta argentina. Según el razonamiento que hacen estos bonistas, el Gobierno de Mauricio Macri propuso un cobro de 1,5 dólares por cada dólar de los bonos caídos en default, pero descontando lo que se le debe pagar a los abogados representantes le quedarían finalmente unos 0,8 dólares.

C. B.