Buscan calmar precios y luego reducir subsidios

Julio De Vido

El proyecto de disminuir subsidios en los servicios públicos que implique un aumento en las facturas de empresas y hogares a partir de este mismo mes fue perdiendo fuerza en el Gobierno en la última semana. En medios oficiales se asegura ahora que la prioridad es contener las principales variables económicas, lo que dicho de otra manera implica que se frenen las subas de precios y que se acote la pérdida de reservas.

No es que se haya abandonado la idea de bajar subsidios. El ministro Julio De Vido en un reportaje desde Rusia ratificó que se va a analizar "quiénes pueden tener tarifas sin subsidios y se los vamos a ir quitando". Esta declaración, muy parecida a otra reciente del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, indicando que se está estudiando el tema, marca que todavía el Gobierno no definió cuándo aplicará la medida y cómo lo hará.

Por ahora, parece haberse decidido a profundizar en el tipo de medidas que ya se venían tomando en cuanto a precios, y por eso el proyecto de mantener congelados por tres meses 120 productos de la canasta básica. Mientras tanto, el propio jefe de Gabinete comenzó el viernes rondas de conversación con empresarios que fabrican insumos, productores de bienes como la harina con impacto en varios artículos de consumo masivo, y supermercadistas.

Hay quienes creen que el criterio es parar el juego por tres meses hasta el 20 de marzo, y a partir de ahí empezar con medidas más finas, entre ellas la eliminación de subsidios a empresas grandes y medianas que siguen pagando el gas, la electricidad y el agua por debajo de los costos. En esa fecha también empezaría a hablarse de salarios, siempre que se logre el objetivo de contener el juego por tres meses.

Dentro del Gobierno están los que creen que reducir subsidios a la industria impactará en precios y restará competitividad a las exportaciones industriales. El nuevo secretario de Comercio, Augusto Costa, de quien se dice que es un estudioso de los costos empresariales desde hace dos años, sería más proclive a creer que el precio de los servicios públicos tiene un impacto diferente, pero finalmente no demasiado decisivo en las cuentas de cada industria.

Tampoco es fácil para el Gobierno decidir la quita de subsidios para los usuarios residenciales. En el caso del servicio eléctrico que prestan las empresas Edenor y Edesur y el de aguas que da AySA (las tres dependen del Estado nacional), sería más sencillo instrumentar la reducción de subsidios. Entre los hogares de esas distribuidoras puede hacerse un escalonamiento de quitas atendiendo al nivel de consumo, el barrio de residencia, el impuesto inmobiliario que se paga y, con menos posibilidad, el nivel de ingresos del grupo familiar, porque esto podría resultar demasiado engorroso de llevar a la práctica.

Pero el tema se dificulta cuando se lo lleva a nivel nacional. En electricidad, las tarifas de Edenor y Edesur son las más retrasadas del país porque las provincias fueron mucho más flexibles a la hora de autorizar aumentos en sus distribuidoras, ya sean públicas o privadas. Sin embargo, una disminución de subsidios en electricidad significa ajustar el precio mayorista de la energía, porque esto es lo que subsidia el Estado nacional pagando a las generadoras un precio más alto que el que se percibe en las facturas de todo el país o comprando los combustibles.

Un aumento en el valor de la energía a nivel nacional sería trasladado de inmediato por los gobiernos y las distribuidoras provinciales a los usuarios siguiendo las actuales pautas de facturación y, menos probablemente, los criterios de diferenciación que aplicaría el Gobierno nacional.

En lo que se refiere al gas, todas las distribuidoras dependen del Estado nacional, pero la diferenciación por consumo y nivel de vida se complica, porque hay que considerar las temperaturas de cada zona y los impuestos pueden tener más distorsiones que en Capital Federal y GBA.