Cómo se gestó el espionaje en las cárceles durante el macrismo

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Con fecha 11 de agosto de 2017 se dispuso la intervención de los teléfonos de la cárcel de Ezeiza. Se ordenó a la AFI que sólo podría “transcribir” las llamadas que realizara Mario Segovia, conocido como el “Rey de la Efedrina” que era el objetivo judicial de las escuchas. Para ello, el Servicio Penitenciario debía informar cuándo utilizaba la línea telefónica del pabellón. Ese mismo día se ordenó al director del SPF Emiliano Blanco que informe al juzgado que comandaba Federico Villena día y horario en los que Segovia utilizaba el teléfono. El 4 de diciembre de 2017, se le indicó al director de inteligencia penitenciaria Cristian Suriano que provea esos detalles. Aduciendo motivos de seguridad, el SPF por iniciativa propia decide trasladar a Segovia al IRIC por “motivos de seguridad”. Allí estaban alojados los exfuncionarios kirchneristas y hacía allí fueron destinados los empresarios de la causa “cuadernos” un año más tarde. El 8 de febrero de 2019, se remitieron al juzgado federal de Lomas de Zamora los discos con las escuchas desde el 11 de agosto de 2017 hasta el 31 de enero de 2019. Pero el 11 de febrero de 2019, se recibió un oficio del juez Claudio Bonadio en el que solicitó “copias” de “todas las transcripciones” realizadas por la AFI respecto a los detenidos en el penal de Ezeiza. Nunca pidió los audios, ni tampoco pidió por Segovia, que era investigado en Lomas. Bonadio estaba especialmente interesado en transcripciones vinculadas con Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens. Gerardo Ferreyra y José María Olazagasti. Ese mismo día, Villena le respondió que no había nada de ellos y que nada tenían que ver con el objeto procesal de su causa. El juez autorizó a Bonadio a solicitar a la AFI las transcripciones, pero nunca los audios, que estaban en Lomas. De hecho, Villena ordena a la Dajudeco remitir todo el material, aparta a la AFI y destruye todo lo que no estuviera relacionado con Segovia. La AFI, el 8 de marzo de 2019 se quejó que la Dajudeco no enviaba más los audios para desgrabar. Martín Irurzun terció y le entregó los audios a Bonadio sosteniendo que fue Vilena el que autorizó su regrabación. Ese oficio nunca existió.

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