Caló quiere imitar pacto de Comercio

Armando Cavalieri

 El acuerdo salarial semestral que el gremio de Comercio le propuso a su contraparte empresarial en la discusión paritaria, y que adelantó en exclusiva este diario, puede convertirse en un paradigma para la actual ronda de negociaciones. El jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, le hizo saber ayer a su par mercantil, Armando Cavalieri, que intentará llegar a un entendimiento en los mismos términos.

La propuesta de Comercio, que esta misma semana recibió el visto bueno del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, consiste en un pedido de aumento salarial del 20% para el semestre de abril a septiembre. También contempla el pago de una suma fija no remunerativa de $ 2.000 a ser pagada a principios de marzo, un mes antes del vencimiento del acuerdo que rige en la actualidad.

Según los cálculos del gremio mercantil, el impacto global de un acuerdo de esas características será del 23 por ciento para un semestre. Así, siempre en la lógica sindical, el Gobierno podría presentar un arreglo dentro de sus parámetros, por debajo del 30% nominal, y dejar para el último trimestre del año el debate por un aumento complementario. Para entonces, los funcionarios del gabinete económico dan por hecho que habrá bajado la inflación al rango mentado por el Ejecutivo, que en la cuenta anual prevé de 20 a 25 por ciento.

El modelo semestral puede convertirse en la pauta de referencia para el sector privado este año. Un primer indicio había sido el aval del Gobierno al pacto de la Asociación Bancaria con las entidades financieras para el pago de un monto fijo por los meses de enero, febrero y marzo, de modo tal de diferir hasta abril el inicio de una paritaria que debió comenzar, formalmente, junto con el año.

También ese esquema les permitirá a los gremialistas anudar acuerdos con los empresarios sin comprometerse para todo el año en medio de un escenario inflacionario todavía incierto. Hasta ahora esa misma alternativa estaba presente en la mayoría de los convenios colectivos mediante "cláusulas gatillo" que daban lugar a la reapertura de las discusiones paritarias en caso de una disparada en las variables económicas.

La administración de Cristina de Kirchner siempre objetó la posibilidad de acuerdos cortos por entender que sembraban de incertidumbre el escenario económico y habilitaban desbordes en las demandas sindicales.