Capital con menú variado: ahora, “ñoquis” quebrados

La trama sobre la supuesta contratación de «ñoquis» en el ex Concejo Deliberante se adensa a medida que pasan las audiencias del juicio, que comenzó a principios de octubre: en las tres semanas que lleva el proceso, ya se presentaron dos pedidos de detención por presunto falso testimonio, y numerosos testigos se desdijeron de lo que habían declarado hace diez años.

Uno de los casos más resonantes fue el de Elvira Bracamonti, una mujer que padecía cáncer y que, según había declarado en un principio, se había acercado al Concejo para pedir ayuda en la compra de las drogas oncológicas. La testigo habría descubierto años después que su nombre había sido utilizado para cobrar un sueldo en el organismo porteño. Bracamonti, quien recorrió programas televisivos contando su historia, admitió hace diez días ante el Tribunal Oral Criminal Nº 16 que había sido militante del ex concejal radical Eliseo Roselló, imputado en la causa y con un pedido de juicio abreviado pendiente de resolución. También se demostró, como en otros casos, que ella tenía conocimiento de su contratación en el Concejo Deliberante, ya que tenía un legajo personal, expediente que lleva la firma del empleado.

Situaciones similares sucedieron con dos testigos de apellido Barreto y Anchar, quienes habían asegurado ante la Justicia no estar al tanto de que cobrarían un sueldo en el Concejo y luego se presentaron pruebas de lo contrario. En el caso de Anchar, un testigo vinculado a las imputaciones contra ex funcionarios que trabajaban para el bloque justicialista del organismo, su audiencia del viernes pasado desencadenó un pedido de detención por falso testimonio, ya que admitió haber firmado un recibo de liquidación final de su sueldo, que no había sido considerado previamente en la pesquisa. La solicitud de la defensa se definirá al final del juicio.

La develación de estas contradicciones complica la hipótesis de los fiscales Horacio Amelotti, Mónica Cuñarro, Marcelo Roma y Augusto Troncoso, quienes habían basado gran parte de su acusación a todos los ex funcionarios imputados en el hecho supuestamente comprobado de que las personas que habrían sido contratadas como «ñoquis» eran, en su mayoría, indigentes, jubilados, presos o personas que ni siquiera estaban sabían que tenían un contrato con el Concejo porteño.

El tribunal, integrado por María Cristina Bertola, Gustavo Roffrano y Hugo Cataldi, deberá pronunciarse sobre estos cargos a finales de noviembre próximo, en medio del surgimiento de nuevas pruebas y acusaciones. En este sentido, el caso de los supuestos «ñoquis» en el Concejo Deliberante es una causa que presenta varias aristas: por un lado, los casos de «ñoquis» que efectivamente habrían existido en el organismo (que en ese momento tenía unos 5 mil empleados); por otro, las personas que habrían arreglado con el concejal cobrar un sueldo destinado al segundo, a cambio de prestaciones como la obra social. Ahora, se comprobó un tercer caso, las supuestas víctimas de la causa, que en realidad habrían sido militantes de ciertos concejales. Y en el medio de todas estas variantes, se cruzarían las internas políticas del Concejo, en ese momento liderado por el radicalismo.

Por eso, uno de los argumentos fundamentales de la defensa de varios de los imputados en el caso es que se revisen todos esos testimonios y que se juzgue cada caso en función del nombramiento de esas personas y no de quien autorizó los pagos. Este último criterio fue el que determinó la Cámara Federal al confirmar los procesamientos de los casi 30 concejales y funcionarios procesados en la causa. En algunos casos, incluso, se revocó la falta de mérito dictada por el juez de instrucción, Alberto Baños. El tribunal de alzada consideró que debían ser juzgados quienes habían firmado los recibos de pago, ya que, de acuerdo con su interpretación, esto era lo que certificaba la contratación de esas personas.

Además de discutir el hecho de que la firma en esos recibos certificaba las contrataciones, la posición de la defensa es que es el nombramiento y no la firma del recibo por lo que se tiene que juzgar el supuesto nombramiento de «ñoquis» en el organismo. Esta diferencia de criterio afecta principalmente a los directores ejecutivos imputados (quienes no nombraban personal) y a los concejales que no fueron procesados por los empleados que ellos habían nombrado, sino por haber firmado un recibo de alguien que supuestamente no trabajaba en el Concejo y figuraba como empleado de otro funcionario.

Éste es otro de los puntos claves que tendrá que definir el tribunal sobre los procesados que, entre otros, son Juan Trilla, Humberto Bonanata, Eduardo Pacheco, Patricia Siracusano, Mónica Siracusano, Claudia Cabezón, Víctor Ladino, Carlos Bernardou, Marta Scaravaglione, Oscar Donadío, Rubén Gabriele, Osvaldo Martínez, Braulio Feliú, Eduardo Aparicio, Norberto Larrosa y Eliseo Roselló. Además de este último, otros de los procesados habrían optado por el juicio abreviado, pero el tribunal todavía no se pronunció al respecto.

El juicio continuará el próximo lunes 26 de octubre a las 9, Ese día se tomarán declaraciones vinculadas al caso del ex concejal Gabriele. Una audiencia que, según adelantan, también promete cruces y contradicciones entre los testigos y los imputados.