La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal absolvió ayer al expresidente Carlos Menem en el proceso de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia a pesar de que había sido condenado a 7 años y medio de prisión. Es por el tiempo que transcurrió, por morosidad de la Justicia, tras más de 20 años de vaivenes, según el fallo firmado ayer en tribunales. Los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Carlos Mahiques consideraron que "se quebró el principio del plazo razonable" para tener una condena firme en un proceso que comenzó en 1995, de acuerdo a normas internacionales y a jurisprudencia de la misma Casación.
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El alto tribunal penal no se expidió sobre el fondo, es decir no dijo si Menem es culpable o inocente por el contrabando, pero advirtió que se incurrió en una inexplicable tardanza en los trámites reprochable exclusivamente a los órganos jurisdiccionales del Estado. Sin embargo, no aclaró cuáles fueron esas demoras que hasta el año pasado ni la Corte Suprema había advertido cuando ordenó que otra sala de Casación revise la condena a Menem para obtener el "doble conforme"
Según explicaron como Menem es funcionario desde 1995 hasta la fecha en que es senador, no se puede aplicar la prescripción de la causa. Cuando hay un funcionario en una causa no se puede aplicar la prescripción, por lo que la Cámara recurrió al concepto de jurisprudencia sobre morosidad para beneficiar al exmandatario y disipar así una chance que podría forzar su desafuero. Los tres camaristas fundamentaron de manera distinta sus votos para arribar a la misma conclusión. Mientras que Catucci consideró que el contrabando no existió, Riggi que los tiempos se habían extralimitado los tiempos lógicos, y Mahiques que no se habían encontrado elementos probatorios de peso que vincularan a Menem con las maniobras de desvío de 6500 kilos de armamento y municiones a países a los que estaba prohibido enviar material bélico.
Durante el juicio, un tribunal oral lo había absuelto, pero la Cámara de Casación le había impuesto la pena de 7 años y medio. En 2017, los camaristas Ana María Figueroa, Ángela Ledesma y Juan Carlos Gemignani confirmó esa sentencia, pero la Corte ordenó una nueva revisión en medio de la discusión por su posibilidad de renovar la banca en el Senado por La Rioja. Pese a que la decisión sacudió el primer piso de Comodoro Py 2002, cayó igualmente mal el anuncio de Elisa Carrió de un pedido de juicio político a los tres integrantes de la Sala III.
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