Caso Greco: procesaron al ex procurador del Tesoro

Tapa de Ámbito Financiero el día que publicó la primera nota sobre el caso Greco a fines de 2006, cuando se detectó en el Congreso que el Ejecutivo intentaba pagar unos $ 600 millones en bonos al grupo mendocino.

El ex procurador general del Tesoro Osvaldo Guglielmino fue procesado por el juez federal Sergio Torres como supuesto coautor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en la causa en la que se investiga el intento de pago de más de $ 600 millones al grupo Greco por parte del Estado nacional.

El magistrado también dictó un embargo de un $ 1 millón de pesos sobre los bienes de Guglielmino, quien hasta enero pasado ocupaba el cargo de jefe de abogados del Estado. La salida del procurador se desencadenó a raíz de la suspensión judicial de dos decretos de necesidad y urgencia dictados por Cristina de Kirchner: el que creó el Fondo del Bicentenario para renegociar vencimientos de la deuda pública en 2010 y el que pretendía remover al ex titular del Banco Central, Martín Redrado.

El caso Greco -primicia de este diario- explotó en plena sesión del Senado, en diciembre de 2006. La Cámara alta detectó irregularidades en una orden de pago por unos $ 600 millones en bonos que la entonces ministra de Economía (ver recuadro), Felisa Miceli, había incluido en el Presupuesto del año siguiente. El pago no fue aprobado por el Congreso y la Justicia comenzó a investigar el caso.

Hasta esta semana, ya estaban procesados en la causa los ex funcionarios del Ministerio de Economía Osvaldo Siseles (ex subsecretario de Legales), Yolanda Eggink (ex directora de Asuntos Jurídicos), Daniel Alberto García (ex director de Asuntos Judiciales de Entes Liquidados), Beatriz Pernás (abogada de esa área) y Juan Cayetano Intelisano (ex director de Administración y ex subsecretario de Normalización Patrimonial).

Torres avanzó sobre la imputación del ex procurador, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó los procesamientos de los ex funcionarios y le ordenó profundizar la pesquisa. La consecuencia fue el procesamiento de Intelisano y, ahora, el de Guglielmino.

Argumentación

A pesar de que el ex procurador se defendió de la imputación argumentando que a partir de 1991 su área no había estado a cargo del expediente (el litigio entre el grupo Greco y el Estado comienza en los años 80), el juez argumentó que conocía el caso y, por lo tanto, le correspondía intervenir cuando el Estado cambió de posición en perjuicio de sus intereses.

En su fallo firmado el martes pasado, Torres señaló que la trama que desencadenó la orden del supuesto pago fraudulento «se perfeccionó, al menos, mediante la suscripción por parte de Guglielmino» de dos notas en las que intervino en el caso como procurador.

Torres destacó también que «quien se erigía en director general del Cuerpo de Abogados del Estado y, en consecuencia, tenía por función -cuanto menos- el seguimiento, la supervisión y la proyección de instrucciones al servicio jurídico del Ministerio de Economía en causas de relevante significación económica y/o institucional, incumplió sus deberes dando lugar a que el Estado nacional sea obligado abusivamente a abonar una elevada suma de dinero que desde el inicio se había afirmado no deber».

En este punto, el magistrado detalló que Guglielmino tuvo tres oportunidades para intervenir en la consideración del pago y que «no por causalidad» y «con conocimiento del camino irregular seguido, se expidió en escasos cuatro o cinco renglones sin contenido, limitándose a tomar nota del estado de las actuaciones».

Según detalla la resolución de Torres, el Ministerio de Economía informó de los intentos de pago -cambio de postura del Estado e irregularidades en el cálculo de la suma a pagar incluidos- y el ex procurador no pidió informes y aprobó igualmente el pago.

El magistrado consideró, además, que «la relevancia institucional del caso Greco data desde la década del 80. Y la Procuración del Tesoro de la Nación tuvo intervención directa en las causas judiciales -hasta el año 1991- y en los procedimientos administrativos que dieron lugar a los sucesivos convenios suscriptos. Es decir que contaba con la información necesaria en cuanto a la complejidad de las cuestiones relacionadas con el grupo Greco, las pretensiones de las partes y el grado de conflicto que suponía la naturaleza de los hechos».

Por otro lado, el juez cuestionó la argumentación de Guglielmino de que la Procuración nunca intervenía en estos casos y sostuvo que en la firma de una nota en la que aprobaba la orden final de pago «aparece claro que actuó en connivencia con sus consortes en causa».

El procesamiento del ahora ex procurador se suma a las medidas dictadas por Torres, en una causa que avanza desde su inicio y que en algún punto recibió la mayor colaboración del Ministerio de Economía, en su intento de evitar que creciera el escándalo político en torno a la cartera que comandaba entonces Felisa Miceli. A pesar de que todas estas resoluciones del juez fueron apeladas por los imputados, no se descarta que antes de fin de año el caso pueda ser elevado a juicio.