Caso ñoquis: clásico cruce entre acusados

El juicio por el caso «ñoquis» en el ex Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires comenzó ayer su semana fuerte, con las indagatorias de imputados y testigos.

El ex director ejecutivo del Concejo Eduardo Barrera explicó que su firma en los comprobantes del pago de sueldos habría tenido como objetivo «legalizar el recibo de haberes», pero una empleada en ese momento del organismo declaró que habría firmado recibos de haberes de un ex preso y que se desconocía quién habría firmado esos pagos, ya que había sido condenado a prisión en 1991 y habría percibido ese sueldo hasta dos años después de su condena. También prestó ayer su testimonio el ex concejal e imputado en la causa Roberto Clienti, entre otros.

La causa por los llamados «ñoquis» del ex Concejo Deliberante se inició en 1996, a partir de una denuncia del fallecido abogado Juan Carlos Iglesias, y luego de numerosas postergaciones, llegó a su etapa definitoria. En las próximas semanas, el Tribunal Oral Criminal Nº 16 de la Capital Federal, integrado por los jueces María Cristina Bertola, Gustavo Roffrano y Hugo Cataldi, escuchará los testimonios de más de cien testigos e imputados.

La etapa de audiencias comenzó el viernes pasado, con el testimonio del ex concejal Eduardo Pacheco, quien ratificó lo que había afirmado en la declaración indagatoria prestada hace diez años, en la que había negado de manera terminante los cargos, argumentando que no había nombrado a las personas que habrían cobrado un sueldo del Concejo sin cumplir ninguna función.

Este punto es central en la causa: cuando la Cámara Federal se pronunció sobre el caso, también hace diez años, ordenó, entre otros aspectos, que se investigara a quienes habrían firmado los recibos de sueldo de los supuestos «ñoquis» y no a quienes los habrían contratado. Éste es uno de los argumentos centrales de defensa de los imputados, que en su mayoría exigen a la Justicia que indague sobre quién contrataba y certificaba las firmas de los concejales, en los pagos objetados.

Por otro lado, también se cuestionan algunas declaraciones de testigos, que habrían asegurado no saber que eran contratados del Estado y, sin embargo, habrían utilizado servicios como la obra social del personal del Concejo, o, al descubrir que habrían utilizado su nombre para cobrar un sueldo, no hicieron ningún tipo de denuncia.

En este sentido, la causa del ex Concejo Deliberante es una de las más complejas que enfrentó la Justicia porteña: por la cantidad de años que pasaron desde que ocurrieron los hechos, pero, por sobre todo, por el cruce de declaraciones entre los propios imputados y las distintas posturas que han adoptado frente al proceso, que promete cruces y acusaciones en las próximas semanas.

Hasta el momento, lo que los fiscales Marcelo Roma, Augusto Troncoso, Horacio Amelotti y Mónica Cuñarro sí consideraron probado fue la existencia de indigentes, ancianos, inválidos y hasta presos que habrían figurado como agentes del Concejo, a través de estrategias como el supuesto uso apócrifo de documentos de identidad.