Caso Sarmiento: ante todo, ganancia política

La orden de arresto frustrada contra el coronel retirado Luis Sarmiento tuvo más impacto en sus dimensiones políticas que jurídicas: produjo un nuevo choque entre el Gobierno y la Justicia -que sin duda se prolongará a lo largo de una semana clave, como es la de la conmemoración del golpe militar del 24 de marzo de 1976-, y casi ninguna consecuencia efectiva en la causa en la que el militar podría ser imputado por delitos de lesa humanidad.

Al establecer el cuerpo médico forense que Sarmiento no está en condiciones de ser trasladado a Misiones para ser indagado, el juez que ordenó su arresto, Ramón Claudio Chávez, deberá avanzar sobre las pruebas y testimonios que existan para imputarlo. De avanzar la pesquisa contra el padre de la jueza, se presentaría además otro debate: en qué medida puede ser juzgado un imputado con una enfermedad degenerativa avanzada.

La discusión ya se presentó en el caso de Emilio Massera, a quien la jueza federal María Servini de Cubría declaró inimputable, sobre la base de un informe del cuerpo médico forense. Además de ser apelada esta decisión, el máximo tribunal de Justicia italiano dispuso, también el año pasado, que el ex marino fuera juzgado por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos contra ciudadanos de ese país.

Repercusiones

En este sentido, la orden de arresto que Chávez dispuso cuatro años después de que la fiscalía de Misiones la impulsara tuvo, ante todo, repercusiones políticas. Más allá de los cruces entre la jueza y el Gobierno, la oposición también denunció el hecho. El jefe de la bancada de diputados radical, Oscar Aguad, se sumó ayer a las declaraciones de Elisa Carrió y aseguró que «hay persecución al Poder Judicial, al poder político, a los dirigentes no oficialistas. Hay persecución con los que piensan distinto del Gobierno. Lo de Sarmiento y su padre no es una casualidad. Seríamos ingenuos si pensáramos de esa manera». La titular de la CC había acusado al Gobierno de «usar la política de derechos humanos al servicio de la presión» de los jueces.