Molina dimitió pocas horas después de que el martes el vespertino La Segunda publicara unas declaraciones en las que afirmaba: "En todas las clínicas cuicas (adineradas) de este país muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas".
La titular de Salud criticaba así la postura de los grupos políticos y sociales más conservadores, contrarios a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier supuesto. Y también la hipocresía de "las personas con más dinero (que) no requieren de leyes, porque tienen los recursos".
Pero las palabras de la médica Molina tuvieron también consecuencias para el propio Gobierno, que a mediados del año pasado anunció la elaboración de un proyecto de ley para regular el aborto en los casos de violación, inviabilidad del feto y riesgo de vida para la madre, una iniciativa que aún no se concretó.
Chile es uno de los seis países del mundo donde está penalizado el aborto terapéutico, pero durante la campaña electoral que la llevó por segunda vez a La Moneda, Michelle Bachelet anunció la reforma de la ley, convencida de que los ciudadanos tienen la suficiente madurez para afrontar un debate sobre este asunto.
El rechazo a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo procede principalmente del partido derechista Unión Demócrata Independiente y de la Iglesia, en un país donde el 72% de la población se declara católica pero sólo un 14% se declara observante.
El debate sobre el aborto, al igual que el reconocimiento por ley de las parejas homosexuales, es uno de los exponentes del cambio de valores que vive la sociedad chilena en los últimos años.
Chile fue el último país del hemisferio occidental que aprobó una ley de divorcio, con excepción de la pequeña isla de Malta. Tras diez años de tramitación parlamentaria, en 2005 las parejas que lo deseaban por fin pudieron disolver el vínculo matrimonial sin tener que recurrir a la argucia de la nulidad.
El avance en materia social había tenido otro hito importante poco años antes. En 1998 se promulgó la ley que puso fin a la figura de los "hijos ilegítimos", nacidos fuera del matrimonio, a los cuales se les negaban derechos civiles y sociales.
En el seno de la Nueva Mayoría se considera que las declaraciones de Helia Molina -realizadas "off the record", según la exministra- pusieron el dedo en la llaga sobre un problema que requiere urgente solución, dado el elevado número de abortos (entre 18.000 y 100.000 al año, según estimaciones no oficiales).
Sin embargo, la coalición oficialista reprocha a la exministra que hiciera una denuncia generalizada de una práctica que está considerada como un delito y que no aportara datos concretos.
| Agencia EFE |
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