Causa lavado: juez ordena raid de allanamientos

El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer un allanamiento a la financiera SGI, propiedad de Federico Elaskar y señalada por el financista Leonardo Fariña como un ámbito de supuestas maniobras de lavado de dinero en las cuales involucró al empresario Lázaro Báez. La medida se desarrolló durante la marcha de protesta contra el Gobierno y horas después de que el fiscal Ramiro González solicitara un pedido de indagatoria para Fariña y Elaskar.

El personal del Juzgado Federal N° 7 se trasladó a Puerto Madero con efectivos policiales que durante el operativo impidieron el ingreso y la salida de personas del edificio Madero Center ubicado en Juana Manso 555.

Según declaró en un principio Elaskar a la televisión, la financiera SGI habría prestado sus servicios a Fariña para girar al exterior 55 millones de euros por indicación de Báez. Tanto Fariña como Elaskar desmintieron después sus versiones iniciales, las cuales, explicaron, fueron falsas.

Subestimación

El allanamiento era inevitable y Casanello lo decidió apenas un día después de haber sido confirmado por la Cámara Federal al frente del expediente. El juez entiende que posiblemente las evidencias más sensibles hayan sido trasladadas incluso desde antes del domingo por la noche, pero al mismo tiempo confía en la posibilidad de encontrar remanentes que hayan podido ser subestimados por los titulares de SGI. Una situación típica en las investigaciones judiciales: lo que para un lego no significa nada, para un técnico puede tener valor probatorio. Ejemplos sobran.

Existe otra cuestión: el juez necesita conformar rápidamente un cuadro de evidencias que le permita indagar a Fariña y a Elaskar con algún sustento. Sería un paso en falso hacerlo simplemente con lo que declararon en sus apariciones televisivas. Anoche también eran allanados sus domicilios.

Las expectativas ahora pasan por el cruce de datos de registros ubicados en organismos oficiales como el Banco Central o la Unidad de Información Financiera. Tendrá un rol clave la información que provenga del exterior: actualmente, casi no quedan paraísos fiscales que no otorguen datos sobre las personas que tienen cuentas bancarias en sus jurisdicciones.