Cedió ya el Gobierno en la ley de medios: sacó a telefónicas

Cristina de Kirchner convocó ayer a una conferencia para anunciar que retiraría a las telefónicas de la ley de medios. Junto a Gabriel Mariotto, lo justificó en la necesidad de «lograr consenso».

Cristina de Kirchner anunció ayer que las empresas de telefonía no podrán participar en el mercado de la radiodifusión. Cedió el Gobierno para romper las últimas resistencias a la ley de medios que mantenían sus aliados que siempre cuestionaron la entrada irrestricta de las telefónicas en el mercado de la radiodifusión y garantizarse hoy la firma del dictamen. Así, la Presidente anunció que ninguna empresa de servicios públicos podrá ingresar en el negocio de medios. Con la decisión, se garantizó la aprobación en Diputados y alivió la tensión que existe en el Senado. En realidad, la posible participación de las telefónicas en la radiodifusión hubiera desatado una guerra judicial: por la ley de bienes culturales y los propios contratos de concesión aún lo tienen prohibido.

El anunció fue al inicio de una conferencia de prensa que se había convocado en el Salón Sur de la Casa de Gobierno: «Queremos desterrar cualquier duda sincera que legisladores puedan haber tenido sobre el hecho de que la presencia de las telefónicas podría generar un nuevo monopolio y desterrar también las excusas que les pueden haber servido a otros para no tratar la ley», dijo Cristina de Kirchner.

Con eso eliminó uno de los tres puntos más conflictivos de la ley. Pero unos minutos después, ante una pregunta, aclaró que la constitución del organismo que será autoridad de aplicación de la ley aún estaba en discusión en Diputados. Ese segundo punto oscuro del proyecto también se modificó pocas horas después: los kirchneristas decidieron incorporar a ese superdirectorio que digitará desde la concesión de licencias hasta las condiciones de operación en el mercado a tres representes «independientes», por las universidades, por el Consejo Federal de Radiodifusión y otro por un experto en la materia.

Así, pretende el Gobierno convencer que no intentará controlar el mercado de las comunicaciones por los próximos 20 años digitando las licencias.

Pero, en realidad, aún podría hacerlo, ya que el tercer punto de mayor discordia en la ley aún se mantiene: el artículo que obliga a las empresas de radiocomunicación a deshacerse en un año de los medios que a partir de esa ley serán incompatibles.

El oficialismo busca obtener el dictamen de comisión hoy para aprobar la ley en el recinto, si es posible, mañana.

En la conferencia de prensa de ayer, Cristina de Kirchner explicó que decidió eliminar del anteproyecto el permiso para que las telefónicas puedan participar y «sólo dejarlo a las cooperativas», al considerar que esa situación «constituía un escollo insalvable para muchos diputados para acompañar la ley de la democracia». Imposible un reconocimiento más directo de la necesidad de garantizarse los votos.

Junto al interventor en el COMFER, Gabriel Mariotto, la Presidente reconoció que la modificación de la ley respondía a una «objeción fundamental» de partidos de la oposición. Desde el inicio del debate, el radicalismo, el macrismo, la Coalición Cívica y el peronismo disidente habían denunciado que el proyecto se trataba de un «traje a medida» de una empresa telefónica.

En la conferencia, Cristina de Kirchner aclaró que no maneja «los tiempos del Congreso» sobre la posibilidad de que el proyecto se trate esta semana, pero dejó claro que no existe para el Gobierno la hipótesis de que la ley se trate después del 10 de diciembre: «Creo que se discutió a instancias de la oposición el tema de los derechos de exportaciones. Si esa Cámara tenía legitimidad para discutir el Presupuesto de la Nación, tiene legitimidad para todos los temas».

El anuncio de la Presidente terminó de cerrar la mayoría para aprobar la ley. Así, se confirmó que el bloque de Solidaridad e Igualdad y Proyecto Sur de Claudio Lozano acompañarían al kirchnerismo. Lozano desactivaba anoche una marcha que había previsto al Congreso para protestar por la inclusión de las telefónicas en el proyecto. Hasta los 10 diputados que en total tiene el socialismo analizaban anoche cambiar la posición.

A ellos se sumarán los fueguinos del ARI, Leonardo Gorbacz y Nélida Belous, además del bloque Encuentro Popular de los socialistas K, Ariel Basteiro y Jorge Rivas; las Libres del Sur Cecilia Merchán y Victoria Donda, más Vilma Ibarra, que ayer se reunieron con Agustín Rossi para acercar posiciones.

Seguía pendiente Diálogo por Buenos Aires de Miguel Bonasso, que reclamaba cambios en la autoridad de aplicación que a última hora también se estaban introduciendo.

Hoy un plenario de las comisiones de Comunicación e Informática, Presupuesto y Hacienda y Libertad de Expresión emitirá el dictamen oficial del proyecto y mañana el kirchnerismo intentará bajarlo al recinto, donde necesita reunir sólo 129 diputados para el quórum y mayoría simple para aprobarlo.