Mientras el Pentágono prepara para las próximas semanas el traslado de una decena de los 57 reclusos cuya reubicación fue aprobada, los republicanos en el Congreso anunciaron ayer la propuesta de ley "2016 Autorización de Defensa Nacional", que renueva una prohibición anual sobre el gasto para transferir a los presos de Guantánamo.
El proyecto añade nuevas restricciones, incluyendo la derogación de la autoridad de Obama para transferir unilateralmente detenidos. Además, se requeriría que cualquier transferencia se realice sólo cuando el secretario de Defensa pueda certificar que el país receptor mantendrá el control sobre los detenidos para asegurarse de que no puedan amenazar a Estados Unidos.
La última transferencia que realizó el Pentágono fue en enero pasado, cuando envió cuatro yemeníes a Omán y uno a Estonia. Poco antes, en diciembre, llegaron a Uruguay seis exreos.
El cierre de la prisión de Guantánamo, donde se cometieron toda clase de torturas contra los reclusos tal como demostró el propio Congreso estadounidense, fue una promesa que Obama realizó al asumir el cargo en 2009.
Sin embargo, ha sido incapaz de hacerlo, en parte debido a los obstáculos planteados por el Congreso que ahora prometen ser mayores.
Amnistía Internacional (AI) ha intimado a la administración Obama a "actuar rápido". "A pesar de la siniestra cuenta de trece años desde la apertura de Guantánamo, decenas de hombres siguen pudriéndose allí, sin la menor idea de cuándo tendrá fin su detención", afirmó la ONG.
De acuerdo con el Gobierno, tanto el Departamento de Estado como en el Pentágono recorren embajadas y el mundo a la búsqueda de países de acogida. "Es un esfuerzo caso a caso", afirmó un alto funcionario que se mantuvo en el anonimato. "Nos concentramos en América del Sur y en establecer vínculos con Medio Oriente y Europa", agregó.
"Estas personas nunca fueron condenadas por nada, no son criminales; por lo tanto, no seguirán detenidas, pero deben ser vigiladas" y no pueden abandonar el país que las reciba durante al menos dos años, precisó.
El centro de detención fue abierto, a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001, por el entonces presidente George W. Bush para albergar a sospechosos de terrorismo.
Sólo 116 detenidos fueron transferidos, repatriados o reubicados desde que el mandatario demócrata llegó a la Casa Blanca, mientras que 122 permanecen en la base, de los cuales 106 llevan privados de su libertad más de 10 años y más de la mitad tiene aprobada su liberación por constatarse que no representan una amenaza para la seguridad nacional.
| Agencias AFP, Reuters y EFE |
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