Chávez ordenó ocupar casa de un empresario mediático

Periodistas y otros manifestantes se concentraron ayer frente a medios de comunicación privados de Caracas para repudiar el cierre de 32 radios y dos canales de TV ocurrido el año pasado. Según el Gobierno de Hugo Chávez, las licencias estaban caducadas o eran ilegales.

Caracas - La militarizada Guardia Nacional de Venezuela ocupó ayer sorpresivamente la vivienda de Nelson Mezerhane, accionista de la televisora Globovisión y presidente de un banco intervenido por el Gobierno, sobre quien pesa una orden de captura por fraude.

Su abogada, Magaly Vásquez, denunció a la prensa que la residencia de su cliente en Caracas fue «tomada por la Guardia Nacional», sin que sus representantes legales fueran «informados formalmente del motivo de la toma».

«Inicialmente me dijeron que se estaba haciendo una verificación de los bienes» de Mezerhane, dijo la abogada. Luego «le prohibieron la entrada a la vivienda», agregó.

Mezerhane es presidente del Banco Federal, una institución financiera de mediano tamaño, intervenido en junio por el Gobierno debido a una seria crisis agravada por su falta de liquidez. Además, el banquero es accionista de la emisora opositora Globovisión, cuyo presidente, Guillermo Zuloaga, también es requerido por la Justicia por supuesta «usura» y asociación para delinquir.

Sobre Mezerhane, que fue acusado públicamente por el presidente Hugo Chávez de «robarse el dinero de los ahorristas» y de huir del país con los fondos, pesa una orden de captura internacional, al igual que sobre Zuloaga.

Recientemente Chávez anunció que estudia recuperar las acciones de Globovisión pertenecientes a «los prófugos» Mezerhane y Zuloaga, y aseguró que su Gobierno busca intervenir más de 300 empresas pertenecientes al banquero para «resarcir» el daño hecho al país por el cierre de su entidad financiera.

Desde la oposición, no obstante, denuncian que la intención del mandatario es basarse en excusas para tomar el control de la única emisora opositora nacional.

La administración chavista ya tiene antecedentes en ese sentido: en mayo de 2007 el Gobierno decidió no renovarle la licencia a Radio Caracas Televisión (RCTV), el canal de aire con más audiencia y trayectoria del país, que también había apoyado el golpe de Estado de abril de 2002. Si bien la empresa logró acomodarse en la grilla del cable, aún es víctima de persecuciones y advertencias de las autoridades.

A ese ardid le siguió hace un año el cierre de 32 emisoras de radio y otros dos canales de televisión. En el aniversario de la medida, la Cámara Venezolana de la Radiodifusión se refirió al hecho como una «acción arbitraria e ilegal» y un «pase de factura a los medios que se colocaron del lado de los ciudadanos y sus problemas».

«El Gobierno impidió que se siguiera denunciando por estas emisoras la corrupción, la inseguridad, el alto costo de la vida y el desempleo», se rezó en el texto, que también destaca que el cierre «sigue sin tener precedente internacional y viola tratados y acuerdos suscritos» por Venezuela. Periodistas y otros manifestantes salieron ayer a las calles para repudiar aquella medida.

Agencias AFP y ANSA