Si rinde el petróleo, más puede rendir la soja (además, no se extingue). De ahí que el precavido Hugo Chávez se preocupara por contratar al argentino Gustavo Grobocopatel -recomendado por los Kirchner- y, luego, lo despidiera. En materia de negocios, no hay amistades; para hacer crecer el «yuyo» (según Cristina) hace falta know-how y si no resultó el pool de Grobo, ahora el venezolano contrató a un brasileño (el Grupo Campo, con participación japonesa de Mitsubishi). Del sultanato petrolero a la corona de la soja. Sin parar y sin retenciones.
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Nació mal barajada la relación entre Chávez y el llamado «rey de la soja» argentino (aunque su pool de siembra, por tamaño, sea el tercero del país). Fue un día de febrero de 2007 cuando, apresurado, el ministro Julio De Vido subió a Grobocopatel a un avión con destino a Caracas. Almorzaron con Chávez en Miraflores y, entre los tres, acordaron que «Grobo» encarnaría la asesoría argentina para la siembra de soja en Venezuela. Para no prescindirse del pacto, De Vido colocó como celoso marcador a Carlos Cheppi, en ese momento titular del INTA y hoy al frente de la Secretaría de Agricultura. Hubo otro encuentro más, a solas, entre el argentino y el venezolano, y se concluyó en un contrato solemne -que nunca se dio a conocer-, firmado en Olivos los primeros días de marzo de 2007, durante una de las alborotadas visitas del líder bolivariano.
El proyecto «Grobo» no pudo prosperar. Afirman que pecó de megalomanías varias: prometía sembrar 100.000 hectáreas de soja en 4 años; presupuestó un total de u$s 450 millones y no dejó participar a los productores venezolanos. Lo peor: logró rebasar la aparente generosidad de Chávez al pasarle a PDVAL (la división alimentaria de PDVSA) honorarios por u$s 100 millones. Lo que se dice, un típico argentino. Eso fue a fines de 2007. «Too much», aceptó Cristina de Kirchner ante la queja del venezolano. En julio se supo de la abrupta salida del sojero, justificándose: «No pudimos cobrar los honorarios». Y partió en busca de otro cliente más afín y menos discutidor de precios: Alvaro Uribe, de Colombia.
En el ambiente de los pools sojeros nadie se arriesga por Grobocopatel, pero señalan que las 10.000 hectáreas otorgadas por el gobierno de Venezuela para sembrar soja eran un yermo irredimible, que los peones locales no se podían despertar de la siesta y, si lo hacían, destrozaban -por impericia-la maquinaria agrícola. Excusas conocidas sobre el subdesarrollo.
En febrero de este año, Chávez encontró sustituto. Menos pretencioso a la hora de facturar y con experiencia comprobable en suelos tropicales,se estableció el brasileño Grupo Campo, una sociedad mixta entre el holding estatal Brasagro (con recursos del Tesoro y cooperativas del Brasil) y un conglomerado japonés (cuyo inversor principal es la Mitsubishi), con 30 años de experiencia en soja en el centro y oeste de Brasil.
En marzo, Grupo Campo y Embrapa (equivaleal INTA) abrieron oficinas en Caracas. Ya tienen inclusive su versión del proyecto soja para Venezuela. Sembrar 50.000 hectáreas entre 2009/ 10 y llegar a 500.000 en 5 años (el equivalente a la superficie en soja que hoy tiene el estado de San Pablo). Claro, aprendieron del mal rato de la asesoría argentina y se preocuparon por darles participación a los productores y cooperativas venezolanas. Nadie habla de «rindes» todavía, pero habrá soja en las tierras expropiadas y estatales de los departamentos de Anzoátegui y Monegas, con clima, suelo y vegetación similares a los del brasileño estado de Roraima.
El 11 de setiembre se reunirán Lula y Chávez, y definirán los acuerdos de cooperación bilateral para áreas agrícolas. Mientras, Chávez también compró Gravetal, la procesadora de soja más grande de Bolivia, ubicada en Santa Cruz, el departamento que se declaró autónomo el 4 de mayo. La adquisición corrió por cuenta de Monómeros Colombo-Venezolano, propiedad de Pequiven, la petroquímica subsidiaria de PDVSA. Gracias al petróleo, Chávez avanza sin retenciones para reinar en la soja. Sólo piensa en la monarquía.
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