El organismo que conduce Laura Alonso solicitó la pena para el exvicepresidente en los alegatos del juicio que se iniciaron ayer. También pidió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La Oficina Anticorrupción solicitó 5 años y medio de prisión para el exvicepresidente Amado Boudou por la operación de levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica. En los alegatos que se iniciaron ayer en el juicio, la dependencia que dirige Laura Alonso lo acusó de cohecho pasivo por lo que solicitó su inhabilitación perpetua para cargos públicos. Si los integrantes del Tribunal Oral Federal N° 4 convalidan esta acusación (la que llegará por parte de la querella de la UIF y de la fiscalía), el exministro de Economía podría recibir una condena de cumplimiento efectivo. La OA consideró probado que hubo coimas a partir del intercambio accionario de la firma "en concurso real con negociaciones incompatibles con la función pública", por haberse interesado en la suerte de la empresa a la que la AFIP le había solicitado la quiebra.
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Para José María Núñez Carmona considerado socio de Boudou- se solicitó una pena de 5 años de prisión e inhabilitación especial. Mientras que para Alejandro Vandenbroele se pidió un año y medio, valorando que el aporte de pruebas que hizo durante el juicio contribuyó al esclarecimiento del hecho. Los otros pedidos fueron: 3 años y 8 meses para Nicolás Ciccone, 3 años para Rafael Resnick Brenner y 2 años y 4 meses para Guido Forcieri. Para todos ellos, también se solicitó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La entrega del paquete accionario se concretó a cambio de la realización de los actos necesarios para que "Ciccone Calcográfica S.A." pudiera volver a operar y contratar con el Estado Nacional (un salvataje de la empresa), amén del pago de 50.000 dólares mensuales a cada uno de los hermanos Ciccone por servicios de asesoramiento, acordado con posterioridad a la cesión del 35% de Nicólas Ciccone, indicó la querella en un extenso alegato, que fue cuestionado por la nueva defensa de Boudou ya que los abogados leían, en lugar de hacer una exposición oral.
Amado Boudou intervino, a través de testaferros, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra. También tuvo injerencia directa, junto a Rafael Resnick Brenner -jefe de asesores de la AFIP- y César Guido Forcieri -jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación-, en el trámite de un plan de pagos ilegal ante la AFIP para permitir que la empresa pueda contratar con el Estado, indicaron desde la OA.
Para la parte acusadora hubo tres ejes de la maniobra. Los preparativos donde la familia Ciccone buscó un acercamiento con los funcionarios públicos y también a través de Núñez Carmona, el aval de la AFIP para levantar la quiebra y expulsar a Boldt S.A. de las instalaciones para volverla operativa. Y el último movimiento, que siguió los pasos de lo que ya había establecido el juez Ariel Lijo, fue el de contratar con el Estado para imprimir papel moneda. Ayer, el magistrado deparó otra mala noticia para el exvice: lo volvió a citar a indagatoria por rendición de viáticos irregular. Antes del receso de invierno se espera que el Tribunal pueda arribar a un veredicto sobre todos los acusados.
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