El juez Claudio Bonadio activó la causa sobre uno de los temas más polémicos del área Energía en la última década: la forma en que se pagaron subsidios a la compra de gasoil a las empresas de transporte público.
Claudio Bonadío
Julio De Vido sumó un problema más en la Justicia luego del pedido de desafuero y detención solicitado por el fiscal Carlos Stornelli en su contra, que pasó a ser parte de la agenda de la Cámara de Diputados. Ahora, el juez federal Claudio Bonadio citó a declarar a 251 empresarios de transporte público de Capital, Gran Buenos Aires y el interior del país por un presunto multimillonario perjuicio causado al Estado a raíz de subsidios al gas oil otorgados durante la gestión del exministro de Planificación, imputado en el expediente.
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En la lista de indagatorias figuran los empresarios Sergio, Mario y Nicolás Cirigliano, que estuvieron a cargo de la explotación de la concesión ferroviaria bajo el mando de TBA. El cronograma de interrogatorios está previsto a partir del 22 de agosto y se extenderán hasta el 29 de septiembre en el marco de la causa en la que ya fueron indagados los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime (detenido en otra causa) y su sucesor, Juan Pablo Schiavi.
La investigación alcanzó a los directorios de las principales empresas por los montos que recibieron en concepto de subsidio, calculados en base a lo que las propias empresas habían declarado como kilómetros recorridos de los colectivos de transporte público. De Vido ya había sido indagado por el juez en este expediente. Fueron indagados los extitulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.
Con el costo de los tarifas de servicios públicos congeladas, entre 2005 y 2012, el subsidio abonado a las empresas para compensar la tarifa al usuario era calculada con descuentos y devoluciones a la carga de gasoil que declaraban las empresas. Hoy continúa el subsidio pero se calcula en base a los registros de la tarjeta SUBE y ya no por la declaración jurada que presentaban las empresas, que se presume, inflaban la cantidad de kilómetros que recorría cada unidad por día y la cantidad de pasajeros que viajaban con el objetivo de recibir mayores montos por parte de la Secretaría de Transporte. La CNRT debía verificar y controlar. Con el cambio de sistemas de cobro de boletos y con la inclusión de dispositivos GPS en las unidades, se constataron las diferencias con respecto a lo declarado por las empresas.
Fueron citados, según fuentes judiciales, integrantes de las empresas Línea 17, Línea 22 , Empresa de Transporte Pedro de Mendoza, Transportes Santa Fe, Azul de Transporte Automotor, Línea de Microómnibus 47, Microómnibus Ciudad de Buenos Aires, Transporte Automotor Plaza, Vuelta También están en la lista, Transportes Colegiales, Empresa Antártida Argentina, Transportes Automotores Riachuelo, Línea 102-Sargento Cabral, Empresa de Transporte 104, Empresa de Transporte América, Transportes Nueve de Julio, General Pueyrredón, Expreso Lomas, Micro ómnibus Barrancas de Belgrano, Mayo, NUDO SA, Micro Ómnibus Sur, Consultores Asociados Ecotrans, y Transporte Interprovincial Rosarina de Rocha, Transportes del Tejar, San Vicente de Transportes, DUVI SA, Empresa de Transportes Micrómnibus Sáenz Peña.
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