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Citan a Capaccioli para que explique fondos a Moyano
Claudio Bonadío
El ex funcionario albertista sería una de las figuras clave de varios casos que se tramitan hoy en la Justicia penal, vinculados con los aportes de campaña de 2007 y la llamada mafia de los medicamentos. De hecho, el juez Norberto Oyarbide ya ha asegurado que lo citará como imputado dentro de 10 días, en la pesquisa que sigue por la presunta adulteración y venta ilegal de medicamentos para pacientes con cáncer y HIV, que habrían sido suministrados a afiliados de la Obra Social de la Asociación Bancaria (OSBA).
De perfil más bajo, Bonadío avanzó en la investigación contra Moyano y esta semana dispuso la citación como testigos de todos los responsables, hasta la actualidad, de la APE y la SSS, incluido Capaccioli, sobre quien hoy todos concentran la mira. El juez indaga sobre los criterios de distribución de los fondos de la APE a las obras sociales sindicales, así como qué montos se utilizaron entre 2003 y 2009 para estos programas (que tratan pacientes con enfermedades de alta complejidad, como el cáncer, el HIV y la hemofilia) y cómo fueron administrados. Para eso, quiere interrogar a todos los responsables de área, incluido Juan Rinaldi (quien declaró el miércoles pasado), el abogado moyanista que se habría cruzado de verdad para investigar las «cajas» de los gremios junto a la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña; el actual titular, Ricardo Bellagio (que debe asistir el lunes próximo) y Capaccioli.
Centro de las acusaciones en las causas que denuncian las supuestas irregularidades en la campaña presidencial, y algo alejado de sus antiguos protectores (perdió el amparo oficialista al ser relevado de su cargo por la pulseada interna que protagonizó contra Ocaña, y Alberto Fernández mostró frialdad y distancia desde que estalló el caso de la mafia de los medicamentos), el ex recaudador se enfrentaría ahora a una oleada de citaciones e imputaciones.
En este punto, la convocatoria de Bonadío sería una de las menos comprometidas para el ex funcionario. Este juez investiga una denuncia presentada en 2006 por el sindicalista opositor de la UOCRA Juan Pablo Medina, estos recursos habrían sido desviados en supuesto beneficio del líder de la CGT, Hugo Moyano, y su familia, ya que su mujer, Liliana Esther Zulet, estaría detrás de la administración de la obra social. Esta caja ascendería a $ 20 millones anuales y abarca a más de 700 mil miembros.
Pero ese es sólo el comienzo de las visitas de Capaccioli a Comodoro Py: ya tiene citación anunciada por parte de Oyarbide y un pedido de indagatoria de la Coalición Cívica, que lo acusa de presunto tráfico de influencias, a cargo del juez Ariel Lijo. En este punto, el doble rol de Capaccioli como ex funcionario de Salud y recaudador empieza a tomar otras dimensiones preocupantes.
Este aspecto fue enfatizado varias veces por el propio Oyarbide, quien también señaló una posible relación entre el triple crimen de General Rodríguez, el tráfico de efedrina, las droguerías proveedoras a las obras sociales sindicales y los fondos de la campaña presidencial de la fórmula «Cristina, Cobos y vos». Uno de los datos centrales son los cheques firmados por propietarios de empresas farmacéuticas para financiar la elección, como los del asesinado Sebastián Forza, Gabriel Brito y Carlos Torres.


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