El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló ayer el fallo que suspendió la semana pasada las obras de entubamiento del arroyo Maldonado, el proyecto de infraestructura más caro y ambicioso que encaró la gestión de Mauricio Macri. El argumento principal de la Procuración porteña es que el planteo de la medida cautelar pedida por dos legisladores de la oposición es abstracta, ya que solicitaron que se suspenda la construcción del pozo acuífero y, cuando la medida fue otorgada, éste ya había sido finalizado.
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La presentación de los legisladores de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya y Facundo Di Filippo (junto con el ex diputado porteño Milcíades Peña) se basó en los cambios aplicados al proyecto original (según estaba estipulado en el Anexo I de la Ley 1.660), ya que éstos podrían afectar el Acuífero Puelche (la más importante reserva de agua ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, parte del territorio bonaerense, así como de las provincias de Córdoba y Santa Fe). Los legisladores denunciaron, además, que las modificaciones introducidas al proyecto implicaron un fuerte incremento del costo, que no fue consultado a la ciudadanía. El juez en lo Contencioso Administrativo Vicente Cataldo hizo lugar a este recurso de amparo el martes pasado y ordenó suspender las obras, ya muy avanzadas.
Como había anunciado no bien trascendió el dictamen del magistrado, la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires apeló ayer la disposición, y la cuestión ahora deberá ser definida por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad. Además de remarcar que la medida cautelar «nació abstracta» porque ya se han finalizado las tareas de excavación (el aspecto cuestionado de la obra), el escrito desarrolla otros seis puntos, en los que defiende la iniciativa del Gobierno de Macri. Entre los aspectos señalados se destaca la afirmación de que el pozo construido no tiene una profundidad mayor que el del proyecto original, como habían indicado los denunciantes.
También resalta que en el nuevo proyecto de entubamiento «las obras se realizan exclusivamente dentro de esta jurisdicción, se encuentran localizadas en un solo lugar y no producen efecto alguno sobre dicha cuenca o el volumen del Puelche». Por el contrario, el escrito subraya que la modificación de convertir el pozo trifolio en uno solo «permite mantener aislado el Acuífero Puelche en su totalidad», uno de los aspectos que más había sido criticado por los legisladores de la oposición, así como niega que produzca un impacto ambiental negativo.
La Procuración enfatizó, además, que «el incremento porcentual del contrato es de apenas el 8,1%» y se encuadra dentro de los límites autorizados por las leyes de la Ciudad (que permiten una suba de costos de hasta el 20%). Según puntualiza que el costo total de la obra es de u$s 159.679.555 o $ 491.174.311.
Otro de los argumentos que subraya el organismo dirigido por el procurador Pablo Tonelli es que es falso que no se haya consultado a la ciudadanía.
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