Ciudad infernal por piqueteros y criadores de galgos

 El Gobierno de Mauricio Macri se enfrenta, como debe ser, a la vigilancia popular de sus promesas de campaña. No es ninguna novedad para una administración recién asumida, más bien la regla después de toda elección. La diferencia en este caso es que Macri prometió, y ahora debe protagonizar, una era de cambio en la que debe hacer mucha diferencia con los desaguisados más grandes que registró el kirchnerismo en sus últimos años de mandato para poder cumplir con las exigencias del electorado.

En esa lista deben incluirse la salida del cepo al dólar y el pago a deudores que aún estaban en default como requisitos mínimos para normalizar las relaciones financieras dentro y fuera del país. En esos puntos el Gobierno no hizo agua.

También estaban en esa lista el sinceramiento de los costos de la energía que deben pagar los argentinos, después de una década de ilusorios precios baratos que sólo sumaron incendio al déficit, aquí con resultado impredecible después que la impericia política derivó en una nueva judicialización de la suba en tarifas.

Hay otra realidad que torturó a los argentinos de las grandes ciudades desde antes de la crisis política de 2001: los cortes, racionales o no, en las calles que bloquearon el derecho de tránsito provocando perjuicios reales, desde serias complicaciones laborales hasta algunas situaciones críticas con servicios médicos y de seguridad. Nadie niega el derecho a protesta que tienen ciudadanos y agrupaciones, pero está claro que cualquier limite lógico en ese sentido fue superado hace años, en el afán del peronismo por mantener dentro del Gobierno a piqueteros de todos los colores posibles.

Ayer, la avenida 9 de Julio dio una muestra de los problemas que tiene el macrismo para liberar las calles tal como prometió en la campaña presidencial. El centro porteño fue nuevamente un caos con protestas de la izquierda que arrancaron a las 7.30 de la mañana con un corte en Callao y Corrientes, una suerte de previa, para la marcha que a las 17 hicieron a la Plaza de Mayo en protesta por el tarifazo.

Bloquear sólo esa esquina convierte en un infierno a buena parte del centro. No hay registro de que se haya pedido autorización para esa movida, como exige el Código Contravencional de la Ciudad, trámite que cumplen muy pocos de los miles de manifestantes que siguen complicando la vida porteña cada día.

A ese caos se sumó otro peor. A las 14 los carteles de la avenida 9 de Julio indicaron un "corte total" en el cruce con Corrientes. Todo el tráfico hacia el norte se desvió por avenida Córdoba. La imposible circulación tuvo esta vez otra explicación: quienes manifestaban en el Obelisco cortando toda la avenida eran las asociaciones de galgueros, en protesta por la ley que se debatirá en el Senado para que se prohíban las carreras de esos perros, alegando el maltrato a esa raza. No consistía el reclamo en derechos negados a alguna minoría, ni planes sociales recortados o pedidos de fondos por cooperativas de trabajo que, aunque entendibles, convierten a la Ciudad en un infierno. Nada de eso: el Gobierno porteño custodió, cortó la principal avenida del país y desvió el tránsito para que un grupo de criadores de galgos para carreras planteara sus problemas. No hay Protocolo que valga en estos casos para frenar la toma de calles. El que anunció Patricia Bullrich naufragó en medio de irracionalidades políticas y no registra aplicación por estos días. Y no hay avance sino retrasos como éste que parecen chistes, en una promesa clave que hizo el Presidente en la campaña. Otro dato para el lector: los galgueros anunciaron que hoy a las 12 repetirán frente al Congreso.