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Clarín, de urgencia a EE.UU. para calmar a inversores
Como en todo momento crítico, el hombre que asoma dentro del monopolio para controlar los efectos de un potencial desastre es Pablo Casey, a cargo del relacionamiento de Clarín con la política, el empresariado y la Justicia federal.
El sábado tuvo lugar una serie de encuentros. Tanto Direct TV como el Grupo Liberty, accionistas de TyC, temen por el futuro inmediato y esperan que Burzaco reaparezca en las próximas horas y que en lo posible acepte la extradición a los Estados Unidos.
Allí el equipo de fiscales que conduce la procuradora Loretta Lynch ya estudia potenciales ofrecimientos bajo la clásica figura del "arrepentido", toda una institución en el sistema penal norteamericano. Quien se pliegue a ese recurso aporta datos e información a cambio de una reducción de pena.
Clarín y sus accionistas en TyC temen que algunos de los directivos encarcelados en Zúrich acepten el "deal" que ofrecerán los fiscales y lo que allí pueda surgir. El retorno de Burzaco es esencial para lograr un mayor control de daños.
Los abogados de Burzaco le han recomendado que lo mejor sería presentarse ante el juez Claudio Bonadío en lo inmediato. Si pasa más tiempo en la clandestinidad, luego será casi imposible lograr cualquier tipo de excarcelación tanto en los Estados Unidos como en la Argentina.
Los mismos letrados ya saben que es errónea la suposición de que por la causa abierta por la AFIP en el juzgado federal de Diego García Berro la extradición no podría concretarse. Ese reglamento sólo rige para aquellas cuestiones abiertas con anterioridad al delito que se le imputa a la persona que debe ser extraditada.
Mensaje
Más allá de la saga policial, Clarín precisa enviar un mensaje para sus inversores, que ya dan por descontado que la causa por lavado de dinero y evasión que se desarrolla en Estados Unidos repercutirá en una serie de penalidades y multas definidas por la Securities Exchange Comission (SEC), autoridad que regula a las empresas que cotizan en la Bolsa.
Esta cuestión en particular, tal como ya conocen en el monopolio, inquieta sobremanera a Ralph Booths, que ostenta con su fondo Fontinalis el 9,1% del paquete accionario de Clarín.
Booths pudo ingresar como accionista luego de que el banco de inversión Goldman Sachs decidiera retirarse a las pocas semanas de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la constitucionalidad de los artículos de desinversión de la ley de medios.
Hoy la AFIP remitirá un exhorto a la Justicia estadounidense para reclamar los fragmentos de la investigación referida a Burzaco y a Hugo y a Mariano Jinkins que puedan engrosar la denuncia por supuesta evasión contra los prófugos.
En ente recaudador seguirá investigando por su cuenta a partir de pesquisas organizadas en la IGJ y en la UIF. Todos esos datos deberán ser remitidos al juzgado de García Berro, quien tiene la obligación de compartirlo a las partes del caso.
"Si la AFIP hubiera recabado todos los datos desde el inicio, de modo unilateral, librando oficios propios, y luego se presentaba en la Justicia, el panorama sería mucho peor", se consolaban el viernes los integrantes del directorio del monopolio, varios de ellos todavía en busca de una vía de escape que, igual que el prófugo Burzaco, no termina de aparecer.


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