Las acusaciones incluyen advertencias sobre violaciones de la veda electoral y sobre "afiches truchos"; reclamos por supuestas trabas a la propaganda política, y estratégicos fogoneos de asignaturas pendientes en los tribunales. Y alcanzan incluso a un helicóptero gubernamental. Veamos:
En la pegatina, la exrectora de la Universidad Nacional de Córdoba aparece junto a Cristina de Kirchner. "No son nuestros los afiches que se han pegado en la ciudad del FpV con la leyenda «Por diez años más». Manos negras, malas artes!", enfatizó Scotto a través de su cuenta en la red social Twitter, en referencia con que -sostienen desde el kirchnerismo local- la continuidad de la Jefa de Estado no es el eje de esta campaña.
Las denuncias alcanzaron además en Córdoba al propio helicóptero del díscolo gobernador peronista José Manuel de la Sota, tras aterrizar ayer en un sitio no autorizado de la ciudad de Villa María para verificar el avance de las obras de un hospital. Presurosa, la Municipalidad de Villa María -que comanda el intendente kirchnerista Eduardo Accastello- abrió un sumario y remitió los antecedentes a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Al menos el mandatario recibió una buena noticia: el juez federal con competencia electoral Ricardo Bustos Fierro consideró que el spot del 24 de julio en el cual el cacique pidió sufragar "por quienes más te aseguren que van a defender tu Córdoba" no viola la ley que prohíbe las publicidades oficiales que buscan atraer votantes.
De esta manera, el magistrado desestimó la embestida judicial encarada por la UCR por supuesta violación del Código Electoral, en un distrito que dirimirá 9 bancas de diputados nacionales.
Desde la UCR también cuestionaron al mandatario, aunque el primer candidato a diputado nacional, el exvicepresidente Julio Cobos, optó por reclamar "que la Justicia actúe de oficio".
En su defensa, Pérez aseguró sin embargo que no desplegaron "inauguraciones, y que si hay algún tipo de eventos, se hace con fondos provinciales". "La veda es para los (recursos) nacionales, ya que es una elección para cargos nacionales. Es por eso que no tenemos veda en la provincia", afirmó.
Se trata de Orlando Giménez, quien estuvo preso durante tres horas en la División de Delitos Complejos de la Policía, acusado de una supuesta "instigación a cometer delito en grado de tentativa", según una orden firmada por el juez subrogante, Gustavo Buffil, a pedido del fiscal, Enrique Deneri.
El mandatario había asegurado que se sentía "acosado" por el canal, al que acusó de atacarlo con "injurias".
Según el gerente de ese medio, Alejandro Rubiolo, el informe versaba sobre una denuncia de supuesto lavado que involucra a empresarios cercanos al gobernador en la compra de animales en el último remate ganadero en el predio de la Rural de Palermo.
La embestida ante la fiscalía del Juzgado Federal de Catamarca -que alcanzó además a otros exfuncionarios provinciales- corrió por cuenta del director obrero de la EC Sapem, Marcelo Berrondo.
"Hay operadores del Gobierno (de la justicialista Lucía Corpacci) que tratan de atacar o desprestigiar a nuestro principal candidato; existen rumores sobre este tipo de campaña porque no pudieron instalar a su principal candidato (Néstor Tomassi)", contraatacó el apoderado de la lista de Brizuela del Moral, Víctor Quinteros.
Esa fuerza además embistió contra los precandidatos a diputados de la opositora Fuerza Cívica Riojana -Julio Martínez e Ismael Bordagaray- por supuesta violación de la veda. En espejo, idéntica acusación fue elevada ante la Justicia por ese tándem, contra el Ejecutivo provincial.


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