Clave: la Casación define si avala pacto con Irán

Rodolfo Canicoba Corral y Ricardo Lorenzetti

 La Casación Penal federal debe resolver hoy sobre la constitucionalidad del memorando de entendimiento firmado entre el Gobierno e Irán a partir de la causa AMIA.

El viernes a última hora estaban listos los votos de los camaristas Juan Carlos Gemignani y Luis Cabral, mientras que Ana María Figueroa mantenía el suspenso sobre cuál será su decisión. Todo indica que hoy intentará dilatar la resolución. Poco importa que hace meses tenga impresos diversos tratados internacionales con los que, aseguraba, pretendía confeccionar su resolución. Hasta ahora sólo cosecha cuestionamientos internos por su dispencioso uso del tóner, un bien que es escaso aún en el máximo tribunal penal. Caída la denuncia de Alberto Nisman contra el Gobierno, en pleno festival electoral, la causa del memorando es por estas horas sólo un reflejo de un enero intenso que el oficialismo querría ver culminar de modo favorable.

Cabral es consejero en la Magistratura y allí despliega un perfil opositor al kirchnerismo, Gemignani participó de la marcha del 18-F y Figueroa integra el espacio de Cabral en el gremio de jueces. Pero esa lectura puede ser simplista, especialmente si se considera que Gemignani está enfrentado a Cabral por internas de la Casación y a que Figueroa busca desde principio de año algún puente con el oficialismo para aspirar a la Corte Suprema.

El debate central que conlleva el caso del pacto con Irán es sobre si los jueces asumen el fondo de la cuestión o simplemente la desestiman por entender que como el tratado nunca se aplicó, es imposible emitir un fallo sobre la constitucionalidad de éste.

Esto fue lo que explicaron los abogados del Estado en una audiencia ante los jueces. Hicieron especial hincapié en que el Parlamento de Teherán nunca revalidó lo sancionado por el Congreso argentino. En un momento fueron más allá y llegaron a preguntarse sobre qué nivel de premeditación existió en la conducta del Gobierno iraní luego de que se firmara el tratado.

La opción de entender el caso como abstracto fue la que siguió Rodolfo Canicoba Corral para desestimar planteos contra el mismo. El juez fue coherente con el sentido más conservador que caracteriza a la función del magistrado que implica ingresar en el fondo de las cuestiones sólo en algunos casos como un vehículo para cimentar autoridad.

Tiempo después, la Cámara Federal entendió la inconstitucionalidad del tratado. En ese sentido votaron Eduardo Farah y Jorge Ballestero. Ingresaron en el fondo del caso y entendieron que el tratado cedía soberanía a autoridades extranjeras de un caso que se investigaba en el país.

A fines del año pasado, el kirchnerismo duro atribuía esa resolución a una suerte de presión esgrimida desde sectores de la SIDE. Más allá del caso AMIA, el giro más problemático de ese fallo se centraba en la posibilidad de judicializar aspectos del ámbito de las relaciones externas. Detalle no menor si se consideran los acuerdos firmados con Rusia y China en los últimos meses.

Cualquiera sea la decisión de la Casación, el caso terminará en la Corte. Un final ineludible y establecido desde el principio de la polémica porque si Irán hubiera firmado y ratificado el tratado y Canicoba, viajado a Teherán para tomar declaración a los sospechosos, Ricardo Lorenzetti debería haber aprobado los gastos de ese viaje.

Las averiguaciones sobre la pista iraní se convertirán tras el fallo de la Casación en un tema para el próximo Gobierno.