Coalición insiste en denuncias

Legisladores de la Coalición Cívica presentaron ayer ante la Justicia una nueva denuncia penal contra Néstor Kirchner, por los presuntos delitos de usurpación de cargo público, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La acusación del partido opositor se generó a partir del uso público por parte del ex presidente de medios de transporte de carácter oficial para su traslado personal, así como la organización de reuniones políticas en la residencia de Olivos. La causa, si bien de carácter menor en comparación con otras iniciadas contra Kirchner, puede llegar a ser explosiva, teniendo en cuenta que se basa en acciones de conocimiento público, fácilmente comprobables.
Según el escrito entregado en Comodoro Py, que recayó en el juzgado de Julián Erconlini (juez a cargo de la investigación contra Kirchner y varios funcionarios de Gobierno por presunta asociación ilícita, también denunciada por la CC en noviembre pasado), «es un hecho público y notorio que el denunciado ex presidente Néstor Carlos Kirchner ha venido ejerciendo funciones propias del Poder Ejecutivo de la Nación». La acusación se centra especialmente en la supuesta «repartición de fondos a discreción sin tener un cargo público» que Kirchner habría realizado, como parte de las negociaciones políticas con los caudillos del conurbano bonaerense, por las elecciones legislativas de este año.
Fundamentos
El diputado de la CC Fernando Iglesias (firmante del documento) explicó ayer que la denuncia se basaba en el hecho de que «el ex presidente recibe autoridades provinciales y municipales en la residencia presidencial de Olivos y distribuye fondos estatales». Iglesias agregó que Kirchner «además, según necesidades políticas, reemplaza a la Presidenta en actos públicos, habla en su nombre y usa y abusa de los aviones y helicópteros afectados a la presidencia de la Nación».
Acompañado por otros integrantes de la CC, el diputado subrayó que no se había incluido en la denuncia a Cristina de Kirchner, ya que no querían poner en cuestión la investidura presidencial, así como destacó que tanto diversos políticos como periodistas, y hasta el mismísimo vicepresidente, Julio Cobos, declaraban de manera cotidiana que en la Argentina «hay cogobierno, doble comando y usurpación de las funciones presidenciales».
La denuncia, de carácter menor si se tienen en cuenta la cantidad y el tenor de las causas abiertas contra el ex presidente, puede sin embargo ser la que avance de manera más rápida en la Justicia, debido el carácter de las pruebas. Como en el caso de Carlos Menem (hoy todavía procesado por haberse descubierto, cuando era gobernador de La Rioja, que era titular de una cuenta en Suiza, donde estaba depositada la indemnización cobrada por ser preso político durante el último gobierno militar), la Justicia podría complicar a Kirchner por el crimen menos pensado.