Código Penal para la campaña: Cristina complicó a la oposición

Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra, Julio Cobos y Mauricio Macri.

Mauricio Macri desembarcó personalmente ayer en el debate por el Código Penal. Ordenó hacer lo que fuera para despegar al PRO de la posición oficial en torno a esa reforma que, casi con seguridad, seguirá complicándose de tal forma que terminará volviendo imposible una votación en el corto plazo. La modificación y unificación de los códigos Civil y Comercial es un espejo para reflejar ese proceso.

El impacto del anuncio de Cristina de Kirchner el sábado pasado ante la Asamblea Legislativa del avance final en el diseño de un nuevo Código Penal surtió el efecto que la Presidente buscaba y que pocos percibieron en el primer momento: una bomba con la clara intención de dividir internamente a cada partido de la oposición.

Todo el debate se salió de lo técnico-jurífico para quedar definitivamente en el barro de la discusión política.

Las primeras víctimas fueron los cuatro diputados opositores que Cristina de Kirchner convocó para integrar la comisión redactora del Código Penal, presididos por Eugenio Zaffaroni. Conociendo las armas del kirchnerismo, ese desprendimiento de la Presidente hacia la oposición al darles todos los sillones en esa comisión reformista (el macrista Federico Pinedo, el radical Ricardo Gil Lavedra, la socialista María Barbagelata y el peronista León Arslanian) iba a terminar, sin dudas, poniendo a cada uno de ellos en conflicto con sus partidos. Y ya sucedió sin excepciones.

El lanzamiento definitivo del tema a la arena de la campaña corrió por cuenta de Sergio Massa; era obvio que los tiempos de la seguridad en la provincia de Buenos Aires no están para que algún candidato salga a caminar el territorio explicando las sutilezas penales que Zaffaroni sostiene en su doctrina o la teorización sobre la conveniencia de eliminar la reincidencia como agravante. Sean éstas razonables o no, era obvio que en el peronismo disidente iba a primar la escuela duhaldista en materia penal, simplemente porque es el producto que el bonaerense medio pide frente a la desastroza realidad del delito que lo rodea. Cristina de Kirchner lo sabía y avanzó con ese Código que ya divide a la política.

El efecto fue inmediato y, aunque ruidoso, no sirve realmente para reflejar la realidad de lo que está sucediendo.

Hubiera sido imposible sostener hace dos meses que el macrismo aparecería en escena apoyando un Código Penal más garantista en la misma vereda que el kirchnerismo, cruzado con buena parte de la oposición y con el massismo señalándolo con dedo acusador por aliviar penas y promover excarcelaciones fáciles en medio del pánico popular frente a la inseguridad.

La foto que Cristina de Kirchner dejó en el recinto de la Asamblea Legislativa el sábado pasado abonó esa idea, aunque la realidad no es así. Los mimos presidenciales a Macri por la supuestamente nueva relación telefónica entre ambos o los chistes en medio del discurso del sábado con el radical jujeño Gerardo Morales fueron centro de esa estrategia. Todo forma parte de la nueva imagen que la Presidente desparramó por el recinto y que 24 horas después complicaba a la oposición con temas como el Código Penal, pero también con Repsol o el futuro del acuerdo con Irán.

El problema es que el PRO falló en un principio en explicar su posición sobre la reforma penal y por eso hoy Pinedo tiene que hacer malabares para que se entiendan cada una de las disidencias que el PRO marcó ante el proyecto final que la comisión ya le presentó a la Presidente y donde figuran diferencias fuertes en temas como el cómputo de la reincidencia como agravante de una nueva pena, must de esta discusión. Ayer arrancó: "Massa dijo muchas cosas que no son verdad. Dijo, sobre el proyecto, que buscaba eliminar el registro de antecedentes de los criminales. El proyecto no modifica en absoluto la legislación actual", insistía Pinedo.

Massa cometió un error legal imperdonable en su pelea contra el nuevo Código, olvidándose quizás de lo aprendido no hace mucho cuando se recibió de abogado. Propuso una consulta popular para decidir el futuro del nuevo Código cuando la Constitución, con toda lógica, prohíbe someter esos temas a la compulsa pública. Zaffaroni aprovechó y lo retó por la idea : "Penosa, si pasaron por una Facultad de Derecho", dijo.

También opinó el juez de la Corte sobre otro punto caliente: "La excarcelación y la prisión preventiva, pregúntele a cualquier estudiante de derecho, las rigen los códigos procesales. Nosotros estamos haciendo un proyecto de código penal, no procesal. De modo que le diría al señor Massa que vuelva un rato a la Facultad de Derecho y agarre los libros, que no muerden". Es cierto el razonamiento del juez, pero también lo es que las excarcelaciones pueden modificarse si cambian los mínimos de las penas que sí se regulan en el código de fondo.

Pero frente al debate general de la inseguridad en el país, como se dijo, esas sutilezas parecen difíciles de explicar al público y muy fáciles de utilizar para la política.

Con todo, y como sucedió en el Código Civil, sólo terminará imponiéndose una palabra, la de Cristina de Kirchner, cuando ella gire al Congreso, como hizo en la otra codificación, el proyecto definitivo con sus propios retoques.

No sólo el PRO debe ponerse a dar explicaciones frente a la posición incómoda. El tema se cruzó en el sector más doloroso de la interna radical. Al responderle al golpe de Sergio Massa a la reforma al Código Penal, Gil Lavedra se ganó un misil de Julio Cobos que juntó kriptonita legal mendocina para atacar un tema en el que, intuyó, los radicales garantistas podrían hacer agua. Se unió con el resto de los legisladores mendocinos para unificar en contra: "El anteproyecto de Código Penal disminuye las escalas penales de los delitos de homicidios, robos, trata de personas y tráfico de estupefacientes".

Morales se les adelantó: "Con un Gobierno en retirada y frente a una campaña electoral inminente no es momento para tratar un nuevo código penal que debe ser debatido por el más amplio espectro político".

Ernesto Sanz pidió su lugar: "No hay que caer en la trampa. La discusión sobre el Código Penal es un entretenimiento que sólo favorece a quienes no quieren discutir lo verdaderamente importante en materia de seguridad".

Es decir, bastó una mañana para que el viento acomodara al radicalismo dejando a Gil Lavedra en la posición de explicar los apoyos y disidencias que fue dejando escritos en el debate dentro de la comisión reformadora.

Sólo el socialismo, con un pedido de tiempo de Hermes Binner para expedirse, quedó pendiente de sentencia.

El Gobierno, como sea, ganó tiempo y una cortina para desviar la atención de otros temas (inflación, reservas, tasas) que no pasaron por el mensaje presidencial. Como sucedió en otras ocasiones, salvo que esta vez no unió a la oposición en su contra, sino que logró volver a dividirlos.