Cerveró, uno de los presos por el caso de corrupción en la petrolera brasileña, indicó que fueron entregados entre 40 y 50 millones de reales (entre unos 9,9 y 12,3 millones de dólares) a la campaña del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).
De acuerdo con el documento entregado por las autoridades a la Procuraduría General de la República y citado por el diario O Estado de Sao Paulo, el soborno surgió de la compra por un valor de 300 millones de dólares de bloques petrolíferos en Angola por parte de Petrobras.
El exejecutivo manifestó que Manuel Domingos Vicente, que presidía el Consejo de Administración de la petrolera estatal angoleña Sonangol, "fue explícito" al afirmar que de ese negocio "retornaron a Brasil como soborno para financiar la campaña presidencial valores entre 40 millones y 50 millones de reales".
La negociación, según Cerveró, fue conducida "por los altos escalones de los gobiernos brasileño y angoleño, teniendo como representante del lado brasileño al (entonces) ministro de Hacienda, Antonio Palocci".
El Instituto Lula, orientado por el expresidente y que hace las veces de su vocero, indicó que "no comentará supuestas delaciones y menos supuestos acuerdos de delación filtrados (al público) de forma selectiva, parcial y probablemente ilegal que alimentan a un mercado que busca beneficios penales y titulares sensacionalistas".
Desde que se destapó la red de corrupción y sobornos en la empresa petrolera varios sospechosos o detenidos intentaron vincular al expresidente o a la actual mandataria, Dilma Rousseff, en la trama de ilícitos sin que, por ahora, la Justicia haya dirigido sus pesquisas en esa dirección.
El abogado José Roberto Batochio, que representa a Palocci, negó la implicancia del exministro en la red de corrupción en Petrobras. "Nunca se ocupó de un tema así, no tenía conocimiento, y ni siquiera sabía que existían esos sobornos", dijo el defensor, que agregó que "éste es el quinto o sexto intento de conectar a toda costa al exministro con el caso".
Los desvíos en Petrobras, que la estatal calcula que pudieron costarle unos 2.000 millones de dólares en la última década, han conducido a prisión a cinco exdirectores de la empresa y a una veintena de ejecutivos de importantes compañías brasileñas, además de una cincuentena de políticos investigados.
| Agencia EFE |
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