Antes de la votación el 2 de octubre, que busca refrendar lo negociado desde noviembre de 2012 en Cuba, Santos dispuso el fin de la confrontación militar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).
"Como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras fuerzas militares ordené el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de la 0 hora del próximo lunes 29 de agosto", anunció el mandatario en medio de aplausos en la escalinata del Congreso, adonde asistió para iniciar el trámite de convocatoria al plebiscito. "¡Se termina así el conflicto armado con las FARC!", exclamó.
Aunque desde julio de 2015 esta guerrilla mantiene un alto al fuego unilateral, al que el Gobierno respondió con la suspensión de los bombardeos, las fuerzas militares se reservaban hasta ahora su función de combate a grupos armados.
Santos, un político de centroderecha y exministro de Defensa de Álvaro Uribe, apostó todo su capital político a la pacificación del país. "Le estamos entregando al pueblo la última palabra sobre la paz de Colombia", enfatizó al entregar al titular del Senado, Mauricio Lizcano, el texto de 297 páginas del acuerdo, que ya fue publicado. El Congreso estudiará la propuesta del presidente en el plenario del próximo martes, día en el que se cree habrá autorización inmediata.
Para ser aprobado, el pacto debe cosechar al menos 4,4 millones de votos afirmativos (13% del padrón electoral) y que éstos no sean superados por el "No". Previo al plebiscito, Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", firmarán la paz en un lugar y fecha aún por definir.
Lo pactado con la mayor guerrilla de Colombia, surgida de una sublevación campesina en 1964, permitirá dejar atrás en gran parte una conflagración entre grupos armados de izquierda, paramilitares de derecha y fuerzas estatales, con un saldo de 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
El cuarto proceso de paz con las FARC tras intentos en 1984, 1991 y 1999 establece mecanismos de reparación a las víctimas, así como de participación política de los excombatientes, subsidios para permitir que se reinserten en la vida económica y social. Además, el pacto señala que quienes confiesen crímenes de lesa humanidad y de guerra ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas.
Estos últimos puntos son los que mayor polémica han generado, motivando que encuestas previas al anuncio del miércoles por la noche dieran a la opción por el "No" un apoyo mayoritario.
Un sector influyente liderado por el expresidente Uribe se opone firmemente a la paz negociada en La Habana, por considerar que traerá impunidad. Incluso en los últimos días el vicepresidente, Germán Vargas Lleras, se mostró dubitativo sobre la decisión que tomará, lo que augura y dibuja el duro camino hacia el 2 de octubre en el que la faceta sentimental de los colombianos jugará un rol clave.
Ahora, será tarea del Gobierno de Santos convencer a la población de que son mayores los beneficios que las resignaciones de sellar la paz.
La firma final del acuerdo será el "día D" que dará comienzo a la concentración de los rebeldes en 23 zonas y ocho campamentos en Colombia y al consiguiente desarme, que será supervisado por la ONU y observadores internacionales. Entonces, el Gobierno volverá a tener el control absoluto del territorio del país, pudiendo mejorar su lucha contra el narcotráfico.
El pacto fue aplaudido por la comunidad internacional, desde el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; la alta representante de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini; el jefe de la OEA, Luis Almagro, y el secretario de la Unasur, Ernesto Samper; pasando por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama; y la candidata presidencial demócrata de ese país, Hillary Clinton.
"Este gran paso" de Colombia fue además celebrado por los garantes del proceso de paz, Cuba y Noruega, y acompañantes, Venezuela y Chile, así como por la ONG Amnistía Internacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
| Agencias AFP, DPA, Reuters, EFE y ANSA |
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