Comenzó juicio por “ñoquis” porteños

El juicio oral y público por la causa de los «ñoquis» del ex Concejo Deliberante, por el que están acusadas 30 personas -entre ellas varios ex concejales porteños- comenzó finalmente ayer, luego de varias postergaciones.

El proceso a cargo del Tribunal Oral Criminal 16 porteño inició el debate con la lectura de la acusación de la querella -el Gobierno porteño- y la fiscalía contra los imputados.

Testigos

Los jueces María Cristina Bertola, Gustavo Roffrano y Fernando Larraín escucharán durante el juicio la declaración de más de 100 testigos, que continuará los días 2, 5, 7, 9, 14, 16, 26 y 30 de octubre, y 2, 4, 6, 9 y 11 de noviembre. Entre los imputados figuran Eduardo Trilla, Humberto Bonanata, Patricia Siracusano, Mónica Siracusano, Claudia Cabezón, Víctor Ladino, Carlos Bernardou, Marta Scaravaglione y Oscar Donadío, en su mayoría ex concejales, quienes están acusados de los presuntos delitos de «defraudación por administración fraudulenta contra la administración pública» y «malversación de caudales públicos».

La causa comenzó en 1996, luego de una denuncia del ya fallecido abogado Juan Carlos Iglesias, quien acusó a varios funcionarios porteños de supuestamente hacer figurar a inválidos, indigentes y presos con sueldos que nunca cobraban y tenían, en realidad, otros destinos. El caso generó tal escándalo que cuestionó la misma existencia del Concejo, convertido en la Legislatura cuando la Ciudad adquirió su autonomía institucional.

Según la investigación de los fiscales a cargo del caso, Horacio Amelotti, Mónica Cuñarro, Marcelo Roma y Augusto Troncoso, los partidos que integraban entonces el Concejo habrían alcanzado un acuerdo para repartirse, proporcionalmente a su representación, cargos en el Concejo con sueldos de entre $ 1.900 y $ 2.500.

Prescripción

El ex presidente Fernando de la Rúa estuvo involucrado en el inicio de la investigación, pero la causa en su contra fue declarada prescripta en abril pasado, mientras el resto de ésta fue elevado a juicio oral en mayo de 2007 por el juez de instrucción porteño Alberto Baños.

El juicio de mayores dimensiones que ha impulsado hasta el momento la Justicia porteña se retrasó más de dos años por los numerosos recursos interpuestos por los imputados que, en su mayoría, planteaban la prescripción del caso.