Complot en espera

La Secretaría de Inteligencia (ex SIDE) deberá informarle a la Justicia si existen indicios acerca de una «conspiración para desestabilizar a autoridades del Estado nacional, provincial o municipal» ligada a la toma del Parque Indoamericano y los incidentes que le siguieron a la ocupación. El pedido fue hecho por el fiscal Carlos Rívolo, quien investiga una denuncia de su colega Carlos Stornelli sobre un supuesto plan sedicioso detrás de los incidentes en el predio porteño de Villa Soldati.

Rívolo, además, planteó la incompetencia del fuero federal para investigar el caso. Dio a entender que la denuncia de su colega se trató, en lo central, de un compendio de notas periodísticas publicadas en los últimos días.

El expediente, que instruye el juez federal Norberto Oyarbide, comenzó con la inquietud de Stornelli acerca de la falta de investigación en ese fuero sobre los episodios relacionados con la ocupación. El ex ministro de Seguridad bonaerense incorporó en su denuncia un correo electrónico anónimo en el que se mencionaban como posibles instigadores a punteros de la Capital Federal y del conurbano bonaerense, algunos de ellos también mencionados en la causa judicial por el asesinato del activista Mariano Ferreyra.

Más allá del pedido de informes a la SI, el dictamen del fiscal Rívolo pareció desestimar en buena medida la presentación de Stornelli. En el primer punto, le pidió a Oyarbide declararse incompetente para la investigación y enviar la denuncia a la jueza María Cristina Nazar, del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. La magistrada fue la que ordenó el primer desalojo del Indoamericano y que está a cargo de las actuaciones ligadas con la situación de los ocupantes.

Uno de los párrafos más duros respecto de la denuncia de Stornelli señala: «Surge del ilustrativo catálogo de las noticias periodísticas acompañadas, que la presunta hipótesis a investigar quedaría delimitada a la supuesta toma y usurpación del Parque Indoamericano -extendida a otros parques y predios de todo el país- con la supuesta finalidad de desestabilizar a autoridades públicas».

Rívolo añade que «la supuesta conspiración para cometer el delito tendría como base fáctica el delito de usurpación de un predio a cargo del Gobierno porteño» y que «dicha motivación se traduce en una instigación a cometer un delito de naturaleza ordinaria», y por lo tanto de competencia de la jueza Nazar.