Con el “Centinela”, interviene en la zona caliente del delito

Cristina de Kirchner abundó en aclaraciones. Pero, en concreto, su decisión de desplegar 6 mil gendarmes en el conurbano bonaerense, la zona más caliente del delito, implica una admisión negada enfáticamente durante años: que la Policía bonaerense no basta para atender la explosión de inseguridad.

Implica algo más: por primera vez, aunque hubo irrupciones puntuales, en particular en algunos asentamientos, la Casa Rosada decide intervenir con fuerzas que le responden directamente, en territorio bonaerense.

Más simple: Cristina aplica un mecanismo de «intervencionismo» sobre el dominio de Daniel Scioli.

Sigue, con eso, la tendencia que formalizó al crear el Ministerio de Seguridad que, ya se ha dicho, implicó modificar un paradigma que Néstor Kirchner hizo primar durante los siete años de Gobierno K: no hablar del tema seguridad.

Ayer, con el Operativo Centinela, el Gobierno dio el segundo paso, aunque esa medida estaba desde hace meses en evaluación. Es más: el año pasado Kirchner había considerado su aplicación con Scioli pero se decidió demorarla.

Al anunciarlo, la Presidente se enfocó en dos cuestiones puntuales: planteó como eje la defensa del derecho a «vivir seguros» y reiteró la crítica a los jueces por sus prácticas de liberaciones recurrentes. Se puso, en ese caso, del lado de los uniformados al asegurar que éstos se sienten frustrados cuando «luego de horas o días de investigación para detener a un delincuente» se enteran de que el mismo fue liberado por un juez.

Sobrevoló, además, la antigua discusión sobre tendencias de lucha contra el delito. «Esto no se trata de ser garantista ni mano dura» dijo y agregó: «Aspiramos a que cada uno cumpla su función» y afirmó que «dar justicia es castigar a los que delinquen». En ese sentido, se refirió a «la peligrosidad de los delincuentes» que reinciden y recordó la muerte del custodio del jefe de Gabinete, quien fue asesinado por un hombre que había sido liberado pocas horas antes del episodio.

Agregó, en ese tono, que se deben «superar los falsos debates» sobre seguridad. «Está claro que un país en el que falta trabajo, como sucedía en 2003, donde casi un cuarto de la población no tenía trabajo y además malos salarios, jamás puede ser un país seguro». Profundizó ese criterio para sostener: «Si no, el país estaría condenado al concepto de que ser pobre es el equivalente al delincuente».

La mandataria destacó además «el enorme esfuerzo colaborativo» que hará el Estado nacional para la «seguridad de los ciudadanos», tras indicar que «el acceso a los derechos mínimos» es lo que hace a un país seguro.

El operativo incluye 443 vehículos y una inversión de equipamiento del orden de los 150 millones de pesos, que se pondrá en marcha a partir del 1 de enero próximo.

Ese despliegue, dijo la Presidente, es un «enorme esfuerzo colaborativo para la seguridad de los ciudadanos».