Condenan a Lula a 9 años y medio, pero por ahora no irá a la cárcel

Se trata de la primera sentencia en su contra. Le adjudicaron corrupción pasiva y lavado de dinero. La crisis política en el país vecino da un nuevo y espectacular giro.

El cara a cara decisivo. Así llegó Luiz Inácio Lula da Silva a declarar ante el juez Sérgio Moro en Curitiba en mayo último. El magistrado le puso ayer punto final a la causa por el tríplex de Guarujá.

Curitiba - El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado ayer a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, un fallo que podrá apelar en libertad pero que amenaza seriamente su eventual candidatura en las elecciones de octubre del año que viene.

En medio de un ambiente de conmoción política, el exmandatario recibió la noticia en forma "serena" pero con "la indignación de los inocentes" y sus abogados anunciaron de inmediato que apelarán la sentencia "en todas las cortes imparciales, incluyendo la ONU.

La condena contra el líder histórico de la izquierda vuelve a sacudir a la mayor economía latinoamericana, sumida en una grave crisis que tiene al borde del abismo al actual mandatario Michel Temer, también acusado de corrupción.

Lula da Silva fue encontrado culpable de haber recibido un tríplex en el balneario de Guarujá (en el estado de San Pablo), ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos con Petrobras. El caso se inscribe en la operación "Lava Jato" que reveló y masivos desvíos de fondos de la petrolera hacia todo el arco político.

"Entre los delitos de corrupción y lavado hay concurso material, motivo por el cual las penas sumadas llegan a nueve años y seis meses de reclusión", determinó el juez federal Sérgio Moro, de Curitiba (sur).

Lula, de 71 años, "podrá presentar su apelación en libertad", determinó Moro. "Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia recomienda aguardar el fallo de la Corte de Apelaciones antes de extraer las consecuencias propias de la condena", explicó.

Lula, que enfrenta otras causas penales, niega categóricamente los cargos y los atribuye a una conspiración para impedir su candidatura en las próximas presidenciales. En las encuestas, de hecho, figura como favorito para la primera vuelta, pero el creciente nivel de rechazo que concentra su figura le dificultaría imponerse en un balotaje.

Para que su postulación sea bloqueada, deberá ser condenado en segunda instancia. Un proceso de apelación podría tardar un año en definirse, según fuentes que conocen la arena judicial en Curitiba.

El extenso expediente afirma además que Lula recibió 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares al cambio actual) de manos de OAS y que esa suma es parte de "un esquema delictivo mayor, en el que el pago de sobornos era rutinario". "La responsabilidad de un Presidente es enorme y, por consiguiente, también su culpabilidad", agregó.

Por el supuesto soborno que supuso ese departamento también estaba acusada la esposa de Lula, Marisa Letícia, fallecida en febrero. El ex presidente atribuye el interés por el tríplex a su esposa.

El interés fue probado en el juicio, pero la pareja no llegó a ser nunca formalmente propietaria del tríplex. Moro consideró sin embargo como suficientes los indicios de que el soborno había sido acordado.

Lula aseguró en su defensa que la fiscalía no presentó pruebas de los delitos que se le imputan.

Moro también le prohibió a Lula a ejercer cargos públicos por 19 años, algo que debería ser confirmado o denegado en la segunda instancia.

La dirección del Partido de los Trabajadores (PT) afirmó en un comunicado que la condena de su cofundador "representa un ataque a la democracia y a la Constitución". "Queremos hacer manifestaciones de protesta en todo el país contra esta decisión política ajena a cualquier proceso legal", dijo el líder del PT en la Cámara de Diputados, Carlos Zarattini. "Saldremos a la calle".

En tanto, la expresidenta Dilma Rousseff, destituida en agosto del año pasado en un juicio político, sostuvo que su antecesor y padrino político es "inocente" y que "el pueblo lo rescatará en 2018".

Agencias DPA y AFP, y Ámbito Financiero