Congreso: ala política entra en juego por Presupuesto y suma adenda fiscal como reaseguro

Edición Impresa

El “waiver” para frenar la baja de impuestos pedido por distritos PJ -y la exigencia para subir otros- no iría al Senado, sino que se tratará en paquete en la Cámara baja para evitar errores 2017. Dudas sobre dictámenes.

A fines de 2017, el Gobierno desglosó en ambas cámaras del Congreso el combo de proyectos económico, tributario y jubilatorio acordado con la mayoría de los gobernadores, que terminó con varios inconvenientes y votos escurridizos a la hora de refrendar esos consensos en el recinto. Ahora, Casa Rosada ataría todo el paquete de gastos e impuestos a Diputados con el fin de tener reaseguros y así blindar el Presupuesto 2019, que será defendido hoy por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, llave de las negociaciones políticas.

El cambio principal de este año, y ante legisladores opositores que dudan -hay un festín de amenazas de abstenciones- de acompañar con votos las negociaciones realizadas entre el Gobierno y la mayoría de los mandatarios provinciales antimacristas, es trocar el destino de la "adenda fiscal" pedida por gobernadores para frenar la baja de impuestos avalada el año pasado y así aumentar la base de recursos propios y de coparticipación. Casa Rosada busca las últimas firmas de provincias y no enviaría el texto al Senado, sino a Diputados, algo que dan por descontado tanto desde el oficialismo como de la oposición.

De esta manera, la adenda fiscal quedará atada al Presupuesto y también a la modificación de los parámetros para que las empresas no puedan ajustar sus balances por inflación a la hora de tributar Ganancias. Es decir, un festín de impuestos y de mayor presión sobre el sector privado y público solicitados por los gobernadores, cuyos legisladores luego se quejan por la presión tributaria. Todo, tras dos años de ajuste "babé" que ahora el macrismo debe acelerar en plena recesión.

Frigerio se presentará al mediodía de hoy en la comisión de Presupuesto que comanda Luciano Laspina (PRO-Santa Fe). El funcionario nacional estará acompañado por el secretario de Interior y número dos del ministerio, Sebastián García de Luca, clave en el "barrido" político en todo el país. También es un amortiguador -junto a Frigerio- de las constantes quejas que mandatarios y dirigentes provinciales gatillan a la hora de criticar al Gobierno.

Desde Casa Rosada anunciaron también la presencia en Diputados de la secretaria de Obras de Transporte, Manuela López Menéndez, de la cartera que comanda Guillermo Dietrich; del secretario de Energía, Javier Iguacel -responde al ministerio de Hacienda y ya estuvo el jueves pasado en la comisión-; y del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Producción y Trabajo, Guillermo Bernaudo, entre otros.

El trajín del debate incluye, para mañana, el análisis por parte de la Oficina de Presupuesto del Congreso que lidera Marcos Makón. A partir de allí aparecen dos senderos en el oficialismo. El primero marca un intenso rally para el martes, miércoles y jueves de la semana próxima para llegar ese día a firmar dictámanes de los proyectos en cuestión.

La segunda opción marca un camino más largo para conseguir los despachos de comisión, ante la necesidad de la oposición de escuchar a todos los funcionarios posibles. En algunos despachos ya dan por descontada la exposición, la semana próxima, de la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.

Con estas cartas bajo análisis, los diputados de Cambiemos más alineados con el deseo de Casa Rosada forzarían la firma de los dictámenes el jueves próximo, según deslizaron a Ámbito Financiero. En tanto, otro grupo no descarta un trámite más lento y obligado para evitar desmanes en la cámara baja y poder "masticar" con tranquilidad la ley de gastos 2019, es decir, obtener despachos a mitad de mes y votar en el recinto antes que finalice octubre. El Senado se encargaría en 15 días de hacer el resto.

A las críticas ya realizadas por el antimacrismo al Presupuesto se sumó, en las últimas horas, una preocupación: un operador premium de la oposición confió a este diario la incertidumbre que deja el artículo 52, que eliminaría la obligación de ajustarse a la Ley 24.354 para la evaluación previa en los casos de contrataciones directas con organismos internacionales y estados extranjeros.

La actual norma, que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, evita caprichos en inversiones al solicitar informes, análisis de factibilidad y evaluación de alternativas. Si prospera el artículo 52, la Jefatura de Gabinete -que maneja Marcos Peña- se quedaría con la posibilidad de contratar lo que quiera con cualquier organismo o estado extranjero. Los cambios en el Banco Central también generaron ruido anoche en la oposición.

Dejá tu comentario